El Consejo de Ministros ha acordado la creación de una comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, en la que participarán representantes de todos los departamentos ministeriales, cuyo objetivo es establecer un programa de reforma integral de las mismas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que con ese fin se hará una auditoría completa de las estructuras administrativas para que ganen calidad, sean más eficientes y no se solapen: "Se trata de gestionar mejor para dar mejores servicios y sobre todo de ser más eficientes y utilizar mucho mejor los recursos públicos".

La comisión tendrá que elevar el correspondiente informe antes de 30 de junio de 2013. Sus propuestas e informes cumplirán el mandato de la Conferencia de Presidentes sobre la agilización del funcionamiento de la Administración Pública.

La vicepresidenta ha afirmado que en la reforma se quiere alcanzar el mayor consenso, por lo que se dialogará con todos los grupos políticos. "Aquí todas las Administraciones Públicas tenemos que tener altura de miras, no se trata tanto de mirar lo que tenemos en un sentido patrimonialista sino cómo puedo volver a diseñar la Administración para que tenga el tamaño adecuado y preste bien los servicios públicos", ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha explicado que hoy se ha aprobado el plan de trabajo y su estructura dividida en cuatro subcomisiones. La primera tiene como finalidad evitar duplicidades y que varias Administraciones se solapen en el ejercicio de una misma competencia. La segunda pretende lograr una simplificación administrativa. "Tenemos que hacer leyes mejores, bien articuladas y sobre todo procedimientos más ágiles y rápidos, menos burocracia", ha apuntado la vicepresidenta.

La tercera persigue la mejor gestión de los servicios y medios humanos y materiales, como ocurriría si se generalizarán las centrales de compra: "En la Administración General del Estado haremos una auditoría de los contratos de la Administración para unificar y obtener mejores precios", ha señalado.

La vicepresidenta ha avanzado que la cuarta comisión analizará la pluralidad de organismos públicos y autónomos existentes en la administración para determinar cuántos hay, qué tarea hacen y si pueden eliminarse o fusionarse. Asimismo, ha recordado que se está en un proceso de supresión de empresas públicas: "En estos 30 años se han ido creando pero no se suprimen. Eso es lo que vamos a hacer. Es una auditoría de abajo arriba de toda la Administración, un trabajo de bolillos, de tener un mapa de todo lo que hay que no se ha hecho nunca pero ha llegado el momento ineludible de hacer".

Procedimientos de despido colectivo

El Gobierno ha aprobado el Reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que la norma desarrolla lo establecido en la reforma laboral empezando por la supresión de la exigencia de autorización administrativa previa en despidos colectivos, que se sustituye por una comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral. Además, ha afirmado que el Real Decreto establece el periodo de consultas como la esencia de todo el procedimiento de despido colectivo. Se trata de garantizar que los trabajadores estén informados para que puedan alcanzar soluciones equilibradas con sus empresas.

Como novedad, Báñez ha avanzado que en los supuestos de despidos colectivos que afecten a más de 50 trabajadores se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa para facilitar que estos se reincorporen al mercado de trabajo.

Trabajadores de más de 50 años

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre las aportaciones económicas que tendrán que realizar las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 años o más.

Fátima Báñez ha señalado que el principal objetivo de la medida es moderar "el impacto de expulsión del mercado de trabajo de manera prematura e injusta de los trabajadores de más edad". "Creemos que esto va en contra de la política del Gobierno y de las recomendaciones de la Unión Europea. Además, son los trabajadores  con más experiencia y nos parece que es injusto que la discriminación sea sólo por razones de edad", ha dicho.

La norma trata de frenar el impacto económico que los despidos tienen en las cuentas públicas porque se utilizan fondos públicos para pagar las prestaciones por desempleo. Además busca garantizar el sistema de Seguridad Social y acercar la edad real a la edad legal de jubilación, según la titular de Empleo.

La ministra ha destacado que la norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores que hayan tenido beneficios en los últimos dos años y que realicen despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más. Las empresas deberán hacer una aportación económica al Estado que compense el impacto sobre el sistema de protección por desempleo. Según Báñez, no se traba de impedir que las empresas ajusten sus plantillas, sino que ese ajuste no tenga un coste para el Estado.

Pacto de Toledo

El Gobierno ha acordado remitir a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.

El informe revela que una de cada dos jubilaciones que se realizan en España es anticipada, según ha señalado Fátima Báñez, quien también ha apuntado que hay desequilibrios en la configuración de la jubilación parcial y se producen situaciones abusivas en el uso de los contratos de relevo.

La ministra ha asegurado que el Gobierno quiere "acercar la edad real a edad legal de jubilación, prolongar la vida activa de los trabajadores de forma voluntaria, desincentivar que se hagan jubilaciones anticipadas por los efectos perjudiciales que tiene para el sistema económico y para la viabilidad del sistema y acomodar la regulación actual con el envejecimiento y con las medidas que se han ido tomando por el Gobierno anterior en este sentido".

Asuntos de actualidad

Durante su comparecencia ante la prensa, la vicepresidenta del Gobierno se ha referido a la ampliación de la línea ICO liquidez que acordó autorizar ayer la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. "Pretende ayudar a emprendedores, especialmente al comercio minorista, con 9 millones de euros y un máximo de 30.000 euros por cliente", ha dicho.

Los periodistas han solicitado la valoración del Gobierno de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida esta misma mañana. Al respecto, la vicepresidenta ha señalado que, cuando los datos implican el incremento de los desempleados, nunca son positivos, pero que, precisamente por ello, suponen para el Ejecutivo un "acicate para seguir adelante y trabajar rápido y lo más duro posible". Además ha recordado los factores positivos de la economía española que, según los indicadores, va ganando en competitividad y presenta sectores dinámicos como la exportación y el turismo.

A propósito del funcionamiento de código de buenas prácticas bancarias, Sáenz de Santamaría se ha remitido a un futuro informe de ejecución, y ha ratificado que si a la vista de ese trabajo "hay que dar una nueva vuelta de tuerca, la daremos".

En cuanto a la no participación del sindicato de funcionarios públicos CSIF en la huelga general convocada para el 14 noviembre, ha destacado la independencia de este sindicato y que la ha considerado una huelga política. Además, ha valorado positivamente la convocatoria del secretario de Estado de Administraciones Públicas, promoviendo el diálogo.