José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado, protagonizó ayer un desayuno informativo organizado por la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer, y la asociación de periodistas jurídicos ACIJUR. Su comparecencia estuvo marcada por una abierta oposición a la reforma integral de los Registros que se propone acometer el Ministerio de Justicia.

El presidente del Notariado comenzó su intervención poniendo en valor la legislación civil española y su papel esencial en la configuración del Estado, y destacó la necesidad de que cualquier reforma que afecte a la misma, y mucho más una como ésta que incide sustancialmente en el sistema registral, debe emprenderse con un amplio consenso político y social y en un clima de plena estabilidad.

Sin embargo, el borrador de Anteproyecto de Ley de reforma integral de los Registros cambia completamente los principios configuradores del Registro Civil que, en opinión del presidente de los Notarios, ha funcionado históricamente bien. Según García Collantes, ya la Exposición de Motivos destila un intervencionismo atroz, y el texto fue calificado de “sobrecogedor”.

En opinión de García Collantes, la reforma supone una privatización del servicio público ofrecido por los Registros y se preguntó por qué es necesario crear un macrorregistro, cuando el actual no ha tenido quejas en su funcionamiento y además se han gastado ya 160 millones de euros en su digitalización. En su opinión el sistema de conexión telemática ya existente entre Notarios y Registradores es magnífico, reconocido así en todo el mundo, y no está justificada su reforma. Entiende que “la información es poder” y que con la reforma prevista la información registral deja de ser gratuita y queda en manos del Registro facilitarla.

Por otra parte, denunció que a partir de la reforma cualquier empleado del Registro podrá acceder en detalle a toda la información relativa a cada ciudadano, y que esa accesibilidad es “peligrosísima”. En concreto, señaló que la necesidad de inscribir el domicilio es un atentado a la intimidad de los ciudadanos.

García Collantes denunció asimismo la falta de un estudio previo de viabilidad económica del proyecto, que al parecer se ha encargado recientemente a la consultora Accenture.

El presidente de los Notarios destacó el hecho de que nadie haya dicho aún que “todas” las inscripciones vayan a ser gratuitas. El Director General de Registros sí que ha mencionado reiteradamente que lo serán las de nacimiento y defunción, pero no se ha pronunciado nunca sobre el precio del resto de los hechos inscribibles, que podría rondar entre los 3 y los 5 euros. Haciendo un cálculo sobre el número de certificaciones expedidas por los Registros en 2007 (último dato disponible), que fueron en total 11.676.023, la cifra resultante que se embolsarían los Registros si el precio por certificación fuera de 3 euros sería superior a los 35 millones de euros.
Sobre la cuestión clave de la seguridad jurídica preventiva, Notarios y Registradores tienen una concepción muy diferente, según García Collantes. En su opinión la unificación de ambos cuerpos resolvería el conflicto corporativo, pero no el de la seguridad jurídica.

También denunció que la reforma del artículo 32 de la Ley Hipotecaria relativo a las tercerías de dominio “modifica la regulación legal de una manera perversa que trastoca todo el sistema de transmisión de la propiedad” ya que ésta se producirá sólo cuando se haya inscrito efectívamente la escritura pública.
Para terminar, José Manuel Gracía Collantes lamentó que la reforma registral minusvalore gratuitamente a los Notarios. Autoridades y funcionarios podrán acceder libremente a los Registros, pero los Notarios no, según el borrador del Anteproyecto.