La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso y la demanda de un cliente de una entidad bancaria, declarando la existencia de intromisión ilegítima en su derecho al honor como consecuencia de la indebida incorporación de sus datos personales en dos registros de solvencia patrimonial.

En síntesis, se declara que ante una deuda de dudosa existencia y exigibilidad no es lícito que las entidades de crédito utilicen la inclusión en dichos registros como método de presión, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La demanda inicial

El cliente demandó a Caja Duero (ahora Banco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU) al considerar que su inclusión en dos "registros de morosos" carecía de justificación por ser indebido el cargo efectuado en la cuenta corriente que había originado el descubierto.

El demandante sostenía que tras cancelar anticipadamente un préstamo con garantía hipotecaria había dado orden de cancelar también todos los contratos, como el seguro de hogar y cuenta corriente, vinculados a éste.

Sin embargo, tanto el Juzgado como la Audiencia rechazaron la demanda al considerar exigible dicho descubierto y, por ende, que la inclusión de los datos personales del demandante en dichos ficheros respondía a un crédito exigible, y que ésta se había efectuado con pleno respeto a los requisitos legales.

La sentencia del TS

Ahora el Supremo llega a una conclusión distinta.La sentencia, de la que es ponente el presidente de dicha Sala, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, recuerda que constituye doctrina jurisprudencial que la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.

El fallo entiende además intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por el público, sea o no restringido, y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública, de manera que si, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito), sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 de la Ley de protección de este derecho.

A continuación se analiza la legislación especial aplicable, que, en línea con la jurisprudencia citada, condiciona la publicación de los datos del moroso a que la información resulte veraz.

En el presente caso, del análisis de las circunstancias concurrentes, entiende la Sala que no cabe concluir que concurran los presupuestos de la certeza del descubierto y de la exigibilidad de la deuda.

La sentencia razona, en síntesis, que el préstamo hipotecario, la apertura de la cuenta corriente y el contrato de seguro de hogar eran operaciones que estaban causalmente relacionadas y esa vinculación es aceptada por la entidad demandada en su contestación a la demanda, de forma que, probada la orden de cancelación de la operación principal, esto es, del citado préstamo hipotecario, subsiste cuando menos la duda de si debían considerarse subsistentes las demás.

En tal tesitura, el Supremo entiende que la inclusión del cliente en el registro de morosos resulta plenamente desproporcionada y abusiva, y por ende, lesiva para su honor (por el desvalor social que actualmente comporta), pues tales registros no pueden ser utilizados por las grandes empresas como arma o método de presión para asegurarse el cobro de las cantidades que entienden pertinentes.

El tribunal censura este tipo de prácticadas amparadas en el temor de los clientes al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica las entidades los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman. (EUROPA PRESS)