El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez ha afirmado que hay que "tolerar" los 'escraches' de las personas que "se acerquen a los domicilios" de los cargos públicos para realizar protestas y que lo hagan "en la calle", y ha rechazado "la fascinación por su 'panpenalización'". Además, ha realizado un llamamiento a trazar "una línea roja" entre estas protestas de los antidesahucios y "el marcaje" que ha realizado el entorno de ETA a políticos e integrantes de otros colectivos en Euskadi.
Durante su intervención en unas jornadas celebradas por el sindicato ErNE en el Palacio Euskalduna de Bilbao sobre el modelo policial, Giménez --que fue presidente de la Audiencia Provincial de Bizkaia y apareció en las listas de objetivos de ETA-- ha emplazado a señalar "una línea roja entre lo que ha sido el marcaje a personas concretas en el País Vasco hasta hace cuatro días" por el entorno de la banda armada y los 'escraches'.
En este sentido, ha destacado que, "detrás de los que insultaban y amenazaban" a políticos, jueces, empresarios u otros colectivos en Euskadi, "estaba y está 'el primo de zumosol'", en alusión a ETA.Por ello, ha destacado que los actos de protesta de las plataformas antidesahucios "no tienen nada que ver" con este tipo de hechos.
Además, ha hecho suyas las reflexiones sobre los 'escraches' del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, que ha asegurado que son "un ejemplo de la libertad de manifestación", en tanto "no sean violentos, como no lo son".
Joaquín Giménez ha considerado que debe ser "tolerada" la manifestación de unas personas que se acercan al domicilio de un cargo público, "pero en la calle", que tratan de canalizar su "malestar y el deseo de buscar una solución" al tema de las hipotecas ante "crispación social seria" que se vive en torno a esta cuestión.
A su juicio, existe el riesgo de que "pueda haber una sensación de impunidad por la masa" porque "no es lo mismo que haya 30 que 400, y que alguien pueda decir 'asesino', y a partir de ahí, alguien lance una piedra".
"En esto hay que tener las cosas muy claras. Un cosa son las coacciones, que están dentro del Código Penal, pero esa fascinación con la 'panpenalización' de que todos los 'escraches' son coacciones, pues no, de ninguna manera", ha destacado.
Desmentido del presidente del CGPJ
Estas manifestaciones se han producido el mismo día en que Gonzalo Moliner ha aclarado, por medio de una nota de prensa, que en sus manifestaciones de ayer sobre los 'escraches" "en ningún caso ha estado en su ánimo justificar la violencia o la intimidación que pueda acompañar a los indicados actos de manifestación".
La oficina de prensa del CGPJ sale así al paso "de las opiniones recogidas en la prensa oral y escrita" acerca de la posición de Moliner sobre los llamados "escraches", con motivo de unas declaraciones del presidente del órgano de gobierno de los jueces, en las que afirmó que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad de manifestación.
Resoluciones de la Consjería de interior del Gobierno Vasco
Por su parte, el presidente del TSJ del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha manifestado que las dos resoluciones dictadas por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en las que se ponían limitaciones a los 'escraches' que se intentaban celebrar ante los domicilios de cargos públicos del PP, han establecido "el marco".
En este sentido, ha apuntado que "la preservación de la seguridad de las personas no sólo comprende la seguridad en el sentido físico, sino también en el sentido más profundo, que es la seguridad en el patrimonio de sus derechos fundamentales". "Las personas, en su patrimonio, tienen el derecho a la intimidad de la vida cotidiana y es pertinente poner en juego ese derecho y hay que articularlo con el derecho de manifestación", ha añadido.
De esta forma, ha indicado que la Ertzaintza, teniendo en cuenta esos dos derechos, ha procedido a modificar el recorrido hasta el cruces de ciertas calles, sin que se llegara a la distancia de 300 metros, que sólo era "un ejemplo".
En este sentido, ha recordado que la Sala de lo Contencioso-administrativo ha respaldado las resoluciones del Departamento de Seguridad.
Además, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha subrayado que las manifestaciones ante los domicilios particulares de los cargos públicos supone entrar en el terreno de la colisión entre derechos, cuando las protestas se pueden realizar en otros lugares. (EUROPA PRESS)
