El Gobierno modificará Ley de Extranjería para fijar unos criterios comunes en toda España en relación con la integración de los inmigrantes, ya que, según alerta, se está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso" de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios", así como "en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio nacional".

Así lo avanza el Ejecutivo en el informe elaborado por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, con propuestas para racionalizar y evitar duplicidades en las administraciones públicas.

En el citado informe, el Gobierno advierte de que la integración de los inmigrantes ha sido desarrollada por Estado, CCAA y corporaciones locales, "ejerciendo competencias concurrentes sobre la materia, bien directamente a través de la asistencia sanitaria o la educación, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas de integración socio laboral de los inmigrantes".

Falta de coordinación entre las tres Administraciones

Sin embargo, advierte de que la falta de un marco legal que desarrolle una política nacional, más allá de lo que han sido los planes estratégicos, ha derivado en "una falta de coordinación entre las tres administraciones, una confusión en el reparto de competencias e incluso en conflictos competenciales".

De hecho, el informe señala que el Tribunal Constitucional, en ocasiones, ha considerado que la integración de los inmigrantes es solo una parte de la asistencia social y no puede encuadrarse en la política de inmigración y extranjería, competencia exclusiva del Estado, mientras que en su sentencia 31/2010, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña, señala que el conjunto de competencias o potestades, de evidente carácter asistencial y social que el artículo 138.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat, no relegan la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración.

En esta situación, prosigue, se está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios, así como en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio nacional". Por ello, resulta "conveniente" enmarcar estos criterios y actuaciones en "una política nacional de integración".

Por todo ello, el informe elaborado por al CORA avanza que se reformará la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de "definir unos criterios comunes de integración de los inmigrantes y determinar el ámbito de actuación de cada una de las diferentes administraciones públicas".

Permiso de trabajo único

En cuanto a los permiso de trabajo y residencia, el informe recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en inmigración y las CC.AA., por su competencia en ejecución de la normativa laboral, pueden asumir la concesión de las autorizaciones de trabajo. Actualmente, según destaca, solo Cataluña ejerce esa competencia.

Así, cuando un extranjero quiere residir y trabajar en Cataluña tiene que, por un lado, solicitar un permiso de residencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por otro, un permiso de trabajo a la Generalitat de Cataluña, es decir, dos autorizaciones para "un único acto administrativo".

Este sistema actual, continúa, impide tener "una visión global de la política de admisión; introduce barreras a la unidad de mercado; y supone la existencia de duplicidades horizontales (entre CCAA) al obligar a los interesados a solicitar ampliación del ámbito territorial para desarrollar, por ejemplo, una actividad por cuenta propia en más de una comunidad; incrementa las cargas burocráticas y dificulta el mantenimiento de unos criterios homogéneos en la gestión de la extranjería en todo el territorio del Estado español".

Por todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Extranjería para crear una autorización única de residencia y empleo para inmigrantes, limitando a la redacción de un informe la competencia autonómica de conceder los permisos de trabajo para labores que se desarrollen en su territorio, una potestad que inicialmente tienen todas las autonomías pero que sólo ejerce Cataluña, principal afectada por la medida.

Según recoge el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, el sistema actual, que "incrementa las cargas burocráticas", no es compatible con la Directiva Europea 2011/98/UE que España debe adoptar antes del mes de diciembre y según la cual, debe haber "un único procedimiento para la concesión de un único acto administrativo que combine permiso de residencia y trabajo".

Este mandato europeo establece la obligación de que se designe la Autoridad competente encargada de recibir las solicitudes y expedir el permiso, sin perjuicio de las funciones de informe de otras autoridades y es por eso que el Gobierno va a optar por la fórmula del permiso único "sustituyendo" la hasta ahora preceptiva autorización de trabajo "por un informe de la autoridad laboral autonómica", conforme explica el informe.

Se suprimen 16 Observatorios

Asimismo, en línea con las medidas propuestas para otros ámbitos de la Administración, el informe se refiere a los observatorios en materia de extranjería creados en 13 comunidades autónomas y tres universidades y propone que sus funciones sean asumidas por el Observatorio Estatal en la materia, aunque deja en manos de la Conferencia Sectorial de Inmigración la decisión final al respecto.

Según el informe, esta medida se propone por la necesidad de "simplificar estructuras administrativas mediante la supresión de aquéllas que se revelan carentes de valor añadido y la conveniencia de desarrollar una política integral de inmigración donde concurren competencias de todos los niveles administrativos y con repercusión en todo el territorio nacional".

En esta línea, el informe recoge la asunción de las funciones de los Observatorios de Madrid y el Comité Extremeño contra el racismo, xenofobia e intolerancia por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, porque considera que "supondrá disminución del gasto público y simplificación funcional y administrativa". (EUROPA PRESS)