El PP, con el único apoyo de UPN, ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados la ley que reforma el modelo y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para eliminar la dedicación exclusiva de la mayoría de los vocales, reducir las comisiones del órgano de gobierno de los jueces y restar poder a las asociaciones para proponer los candidatos a consejeros.

El Pleno de la Cámara Baja ha dado definitivamente luz verde, con 182 votos a favor, 140 en contra y la abstención del Foro Asturias, al texto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras incorporar las enmiendas introducidas en el Senado, la norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor y a la espera de ser aplicada en la renovación que tendrá lugar en septiembre.

La mayoría absoluta de los 'populares' ha permitido la aprobación de una norma que ha sido criticada por las asociaciones judiciales, la Carrera Judicial --incluidos magistrados del Tribunal Supremo-- y los grupos de la oposición.

La oposición ha cargado contra el fondo de esta ley al entender que supone "un asalto" al Consejo del Poder Judicial y un "grave ataque" a la independencia de los togados con el objeto de "intimidar" a jueces "incómodos" para el PP en un momento en el que afloran los casos de corrupción. De hecho, el portavoz socialista Julio Villarrubia ya ha anunciado que llevará la reforma al Tribunal Constitucional, una iniciativa a la que se ha sumado la Izquierda Plural.

Nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo

El cuerpo normativo, al que se presentaron múltiples enmiendas de devolución y propuestas de veto durante su tramitación, salió adelante la pasada semana en el Senado con el voto del PP y de UPN. El resto de grupos denunció igualmente que el proyecto "subordina" el poder judicial al poder ejecutivo.

En la Cámara Alta, el PP echó para atrás su propuesta de crear una vicepresidencia común del Consejo y del Tribunal Supremo y estableció que el 'número dos' del alto tribunal fuera cubierto cualquier magistrado de este órgano con al menos tres años de antigüedad que auxiliará a su presidencia, facilitará "el mejor y más correcto funcionamiento de aquel en su quehacer diario".

A estos efectos, sustituirá al presidente del Supremo y del CGPJ en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. El vicepresidente deberá gozar "siempre" de la confianza del Presidente, "pero sin que éste pueda imponer un determinado nombre", y podrá ser cesado por causa justificada con el voto de tres quintos de los consejeros reunidos en sesión plenaria.

Compatibilización de funciones de los vocales del Consejo

A partir de su entrada en vigor, el Consejo del Poder Judicial funcionará con una mayoría de vocales que compatibilizará su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, su actividad internacional estará coordinada con el Ministerio de Exteriores tras el 'caso Dívar', y funcionará únicamente con las Comisiones Permanente, de Asuntos Económicos y de Igualdad.

De este modo, se suprime la Comisión de Calificación cuyas funciones de preparación de los nombramientos discrecionales por el Pleno corresponderán a la Permanente. Para evitar bloqueos en la renovación, bastará la sola presencia de los vocales designados por una Cámara para que el nuevo Consejo pueda constituirse con los miembros designados en su momento por la Cámara que incumple el mandato.

"Solo si ambas Cámaras no proceden a designar a los vocales que les corresponde, el Consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en el que una de ellas cumpla con el mandato legal", reza el redactado.

Mayor protagonismo de los vocales no afiliados

En la elección de los 12 consejeros del turno judicial, las Cámaras "tomarán en consideración" el número existente en la Carrera Judicial de jueces no afiliados y de afiliados. Como mínimo, deberá haber tres magistrados del Supremo, otros tres con más de 25 años de antigüedad en la Carrera y seis jueces sin sujeción de antigüedad.

Entre otros cambios, cualquier juez podrá presentar su candidatura con 25 avales o el aval de una asociación y se elimina el límite de 36 candidatos entre la terna para su estudio por las Cortes. Contra el deseo de la oposición, el presidente del CGPJ solo tendrá el deber de comparecer ante el Parlamento por razón de sus funciones para presentar la Memoria anual de los tribunales.

Cuando llevó el proyecto al Consejo de Ministros, Gallardón justificó su distanciamiento del programa electoral y de su propuesta inicial porque confiaba en que contara con el respaldo del "máximo número de grupos" y, "muy especialmente" con el de los socialistas.

La ley aprobada hoy se aleja del compromiso con el que Gallardón llegó al cargo y que el PP había plasmado en su programa electoral: "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías", decía.

La Vicepresidenta del CGPJ lamenta que la reformal "no se haya hecho a través de un gran pacto de Estado"

Respecto de esta reforma, la Vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha lamentado que la Reforma del Poder Judicial "no se haya hecho a través de un gran pacto de Estado" y que "parte de las observaciones y críticas que el CGPJ ya puso de manifiesto hace unos meses, no hayan sido asumidas por el Parlamento".

Tras asegurar que fueron muchas las discrepancias con la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón "como la supresión de la función reglamentaria, que finalmente fue recogida", ha recordado que "ya se puso de manifiesto en este mismo texto del informe, aprobado por el Pleno, que la posibilidad de la renovación parcial del Consejo, podía ser inconstitucional".

La Constitución, ha proseguido, "habla de la renovación de los 20 vocales", por tanto, "no se entiende por qué ahora se establece, en contra de lo que marca la Constitución, esta posibilidad de renovación parcial".
En cuanto a la propia estructura y funcionamiento, ha recordado, fueron muchas las críticas "porque se producía un cierto desapoderamiento al reducir la propia estructura del Consejo".

No obstante, ha insistido en que éste fue el informe mayoritario, "pero también es cierto que hubieron informes y votos particulares que entendían que la reforma, de ninguna forma, suponía un ataque a la independencia del Poder Judicial".

Bravo ha opinado, asimismo, que la figura del Vicepresidente "se ha reconducido" en el Senado, "se introdujo una enmienda y de alguna forma se atendió a la preocupación de los magistrados y del presidente del Tribunal Supremo" sobre la posibilidad de que un vocal pudiera asumir funciones jurisdiccionales, que "quizás podía quebrar un principio fundamental de nuestro sistema, como es el juez ordinario, predeterminado por la ley".

Pero lo cierto que en un momento como el actual, de carencia de recursos económicos, "es necesario modificar las estructuras y la organización judicial si queremos que las inversiones sean rentables", ha continuado, y "lo que este país ya no puede asumir es una organización judicial que se diseñó hace siglo y medio, que no responde a las necesidades y complejidad de las nuevas relaciones sociales". (EUROPA PRESS)