Hoy lunes finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (la denominada 'ultraactividad'), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.

De estos convenios pendientes, la mayor parte (953) corresponden al ámbito privado, con 1,7 millones de trabajadores, en sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.

Sin embargo, la patronal cree que hay excluir de los convenios pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de empresa o integración en un ámbito superior.

La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el 'Acuerdo sobre ultraactividad de los convenios colectivos', como parte del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC).

Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral.

En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.

No obstante, este acuerdo, de ocho puntos, se firmó a nivel confederal y no dejaba de ser una declaración de intenciones que no obligaba a que en las unidades de negociación concretas puedan darse bloqueos intencionados de los convenios por algunas de las partes.

De hecho, una semana más tarde, el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que la patronal había negociado el acuerdo "porque hay que fijar un itinerario obligacional", pero reiteró que éste no dejaba de ser "un código de buenas prácticas en las mesas de negociación".

En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de convenios colectivos, lo que ha motivado que CC.OO. y UGT incluso hayan hecho una llamada al Gobierno para que "replantee" el límite de la 'ultraactividad' y le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar a partir del 8 de julio, en continuación de las huelgas ya convocadas en lugares como Cataluña o País Vasco.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que "de ninguna manera" teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando "muchísimos convenios".

Además, según los datos que maneja la patronal alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la 'ultraactividad', lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y "no tiene ninguna problemática". No obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores pasado ese año.

¿Qué ocurrirá ahora? La opinión de los sindicatos

A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

Con todo, los sindicatos han indicado que el 8 de julio "no es el final de nada", sino "un punto y seguido". Según han explicado, en primer lugar, en el caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio.

Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los convenios.

Las centrales no quieren desvelar cual será su estrategia jurídica, pero aseguran que tienen argumentos sólidos para poder seguir negociando sin que ningún trabajador pierda sus derechos.

En primer lugar, aseguran que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como "mala fe", mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.

La opinión de la patronal

Las patronales CEOE y Cepyme, por su parte, aseguran que alrededor de un 30% de los convenios colectivos suscritos tras la reforma laboral --entre noviembre de 2012 y junio de 2013-- no incluye ningún pacto sobre su prórroga automática ('ultraactividad') una vez sea denunciado para su renovación, con lo que pasado un año podrían decaer en caso de no haber acuerdo entre las partes.

En un comunicado, las patronales hacen un análisis en el que toman una muestra "representativa" de 99 de estos convenios firmados tras la reforma laboral. De estos, 51 convenios son de sector, que afectan a 1,9 millones de trabajadores, y 48 son de empresa y acogen a 133.751 trabajadores.

De todos los convenios, un 5% recogen la previsión legal sobre la 'ultraactividad', un 11,1% la prevén más allá del año de límite establecido en la ley y un 52,5% tienen pactado el mantenimiento del convenio --en todo o en parte de sus contenidos-- hasta que se suscriba uno nuevo.

Así, aproximadamente un 68% ha pactado algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales, mientras que otros 31 convenios no ha acordado "ningún tipo de 'ultraactividad'.

Por otro lado, CEOE y Cepyme señalan que, en lo referente a los convenios sectoriales nacionales, el porcentaje de los que tienen pactado el mantenimiento total o parcial de sus contenidos se eleva hasta el 66,7%, mientras que los convenios de dicho ámbito que elevan la vigencia de contenidos más allá del año que prevé la normativa representan un 86,6%.

Tras este análisis, las patronales recalcan que la negociación colectiva "es dinámica", esto es, que "tiene un desarrollo a lo largo del año que no está condicionado con el fin de la 'ultraactividad', por lo que la negociación deberá seguir su curso con posterioridad al 8 de julio".

Por otro lado, sobre los datos que indican que hay 968 convenios colectivos pendientes de negociación, que afectan a 1,7 millones de trabajadores, insisten en que convendría extraer de este saco los convenios sectoriales nacionales de estaciones de servicio y de mataderos de aves y conejos, aplicables a 89.425 trabajadores, que han alcanzado ya un acuerdo.

Asimismo, creen que no deben contabilizarse los convenios que han desaparecido debido a la crisis y otras causas, cuyas unidades negociadoras han quedado integradas en otras de ámbito superior o hayan sido eliminadas por el cierre de la empresa.

Por último, también estiman que deben descartarse los convenios en los que se han dado por agotadas las negociaciones al haber sido denunciados hace más de dos años y que, según lo pactado en mayo con los sindicatos, deberían remitirse directamente a los sistemas de solución autónoma de conflictos. En este capítulo, CEOE-Cepyme, hablan de 322 convenios, que afectan a 384.579 trabajadores.

La negociación colectiva sigue abierta

Por ello, las patronales aseguran que "la negociación colectiva sigue abierta y no presenta ningún tipo de problemática". "Sólo hay algunos convenios que no se han firmado, como por ejemplo en el caso de Barcelona, el de transporte de mercancías, y el de los hospitales públicos", añaden.

Asimismo, aseguran que la voluntad negociadora de las partes intervendrá para resolver dichas negociaciones, "evitando provocar problemas donde no existen".

Por último, los empresarios consideran que la actual situación abre "una oportunidad para adaptar los convenios colectivos a las necesidades de las empresas y los trabajadores, impulsando un mayor esfuerzo negociador". (EUROPA PRESS)