La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado este martes que se han empezado a realizar las primeras liquidaciones derivadas de la aplicación desde 2011 de la conocida como 'Enmienda Telefónica', que persigue que el coste de los despidos de trabajadores mayores de 50 años realizados por empresas de más de 100 trabajadores no se carguen sobre el sector público.
Así lo ha indicado en respuesta a una interpelación del senado socialista Ricardo Jacinto Varela en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, en la que ha vuelto a reiterar que la prioridad del Gobierno sigue siendo el empleo, también entre los trabajadores más mayores.
Estas aportaciones se regularon incialmente bajo el anterior gobierno socialista, por medio de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años, modificados ambos por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo
El Gobierno esperaba ahorrar 434 millones de euros en casi una década entre ingresos y recorte en prestaciones con la modificación de esta 'enmienda Telefónica' (puesta en marcha por el anterior Gobierno socialista), llevada a cabo en el Decreto Ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, de marzo de este año.
Concretamente, según la memoria económica del decreto, el Ejecutivo preveía recaudar 390 millones en casi una década, una media de 43 millones anuales.
Por otro lado, ante las acusaciones del senador socialista, quien ha asegurado que las medidas implementadas por el Gobierno que afectan a perceptores de prestaciones de mayor edad han supuesto un recorte de sus recursos, Báñez ha defendido que su protección sigue siendo "suficiente".
Así, el senador socialista ha asegurado que en el mismo decreto que perseguía favorecer la continuidad en el mercado laboral se incluyeron medidas, como la reducción de las prestaciones para mayores de 45 años con trabajo a tiempo parcial o el endurecimiento del acceso al subsidio para mayores de 55 años, han hecho que 350.000 familias cobren 1.500 millones de euros menos, que irán "al zurrón" del Gobierno.
Por su parte, Báñez ha puesto como ejemplo que los mayores de 45 años perceptores de prestaciones contributivas han pasado de 476.200 personas entre enero y marzo de 2012 hasta las 501.000 en el mismo periodo de 2013. Además, ha insistido que en 2013 seis de cada 10 euros del presupuesto se destina a gasto social.
Negociación colectiva
Por otro lado, el senador le ha acusado de llevar a cabo una "voladura" de la negociación colectiva al limitar a un año la prórroga automática de los convenios ('ultraactividad') y le ha echado en cara que no tendría que pedir responsabilidad a los agentes sociales si no hubiera aprobado dicha modificación en la reforma laboral.
En respuesta a estas acusaciones, Báñez ha insistido en que la responsabilidad de la evolución de la negociación colectiva es de los agentes sociales, mientras que la actuación del Gobierno es "el último recurso".
Además, ha asegurado que "no se va a quedar ningún trabajador desprotegido porque hay responsabilidad por parte de los agentes sociales y, si no, están las normas laborales para facilitarles también el camino".
Báñez, convencida de que patronal y sindicatos "seguirán negociando" para renovar convenios pendientes.
Posteriormente, en respuesta a una pregunta del senador de la Entesa Jordi Guillot, quien le ha instado a que amplíe este límite a los dos años, como inicialmente preveía el decreto de la reforma laboral, Báñez ha confiado en que las partes se acojan al "código de buenas prácticas" suscrito el pasado 23 de mayo a nivel confederal por CEOE-Cepyme y CC.OO y UGT.
Así, ha reiterado que la negociación colectiva es "un ámbito reservado a la autonomía de las partes", ya que son éstas las que pactan salarios, jornadas y también la duración de los convenios y su 'ultraactividad'. Por parte del Gobierno, Báñez ha acotado su responsabilidad y ha asegurado que, en todo caso, su intervención "es el último recurso para ayudar a esa negociación". (EUROPA PRESS)
