El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, que incluye el primer paquete de medidas a aplicar encuadrado en las 100 que engrosan la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Así, esta ley, que parte del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, ha cumplido este miércoles su último trámite parlamentario tras la inclusión de siete enmiendas a su paso por el Senado, que han sido ratificadas en el Pleno de este miércoles.

Durante este último debate, grupos como el PSOE o CiU han afeado al Gobierno la rapidez con la que se ha tramitado la norma y su supuesta falta de voluntad de diálogo.

Convalidada la subida de impuestos especial y la eliminación de deducciones en Sociedades

Igualmente, el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, que incluye, entre otras medidas, subidas en los impuestos sobre el consumo de alcohol y tabaco y la eliminación de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Concretamente, la medida ha salido adelante con los votos a favor del PP; los votos en contra de PSOE, UPyD, ERC, CiU e Izquierda Plural y la abstención del PNV. La oposición ha pedido su tramitación como proyecto de Ley pero ha sido rechazado con el voto mayoritario del PP.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado el decreto asegurando que es "necesario, urgente y extraordinario", a lo que el PSOE, CiU y la mayoría de los grupos han respondido, para argumentar su rechazo, que se trata de un "totum revolutum' de medidas fiscales dentro de una política económica de "espasmo" y "palos de ciego", y que supone un nuevo paso recentralizador.

El Gobierno espera que con estas medidas se recauden al menos 4.690 millones de euros en términos anuales. Así, la eliminación a las grandes empresas de la deducción por pérdidas por deterioro de la cartera de valores tendrá un impacto anual de 3.650 millones de euros.

Por su parte, la creación del nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero permitirá recaudar 340 millones de euros al año, mientras que las subidas en los impuestos especiales de tabaco y alcohol procurarán a las arcas públicas unos 700 millones de euros anuales, de los que 366 millones de euros corresponderán al tabaco.

También se convalida el nuevo plan de medidas contra la morosidad de las Administraciones Públicas

El  mismo Pleno extraordinario del Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que desarrolla esta tercera y última fase del plan de pago a proveedores.

El real decreto, que desarrolla la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno hace año y medio, persigue, según ha explicado durante el debate de la norma el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, poner "el contador de la deuda comercial a cero".

Según Montoro, las nuevas medidas van a permitir que "en pocos meses todas las Administraciones Públicas, con independencia de su tamaño o de su posición financiera concreta, estén pagando a sus proveedores a 30 días". Asimismo, ha destacado que gracias a este tipo de instrumentos se está "dando por terminada la fase de recesión".

Además del PP, el nuevo plan de proveedores y las medidas de apoyo a los ayuntamientos con problemas financieros ha recibido el apoyo del CiU, ya que, tal y como ha asegurado el diputado Josep Sánchez Llibre, el ministro ha aclarado durante su comparecencia muchas de las dudas que podían hacer peligrar su voto a favor. "CiU valora positivamente el real decreto. Estamos de acuerdo con esta última propuesta", ha señalado.

El real decreto-ley, que permitirá cancelar las obligaciones pendientes de pago vencidas, liquidadas y exigibles hasta el 31 de mayo de 2013, y contabilizadas, y no conllevará un afloramiento de déficit ni para las Comunidades Autónomas ni para las Entidades Locales, está en vigor desde el pasado 30 de junio.

Como novedad, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación ya que por primera vez podrán ser incluidas las obligaciones adquiridas por las Universidades públicas de las Comunidades Autónomas, así como aquellas derivadas de indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia judicial firme, con determinados límites, las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales derivadas de alguna de las relaciones jurídicas previstas en el Real Decreto-ley, o las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. (EUROPA PRESS)