El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha dado 'luz verde' definitivamente al proyecto de Ley de para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en medio de las críticas de la oposición a la supuesta falta de voluntad de diálogo del Gobierno.

El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete ha enfatizado que la Ley es "la más avanzada de la UE", ya que "es la primera vez que se regula este tema, aunque se pueda mejorar", ha añadido, para apostillar: "Hemos llegado al máximo que Competencia de la UE admite".

Contenido de la Ley

En cuanto al contenido de la Ley, su objetivo es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario.

Para ello, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios.

Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.

En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.

Por otra parte, la norma asienta la autorregulación de las relaciones comerciales mediante un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.

Dicho Código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las comunidades autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello, se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena que se adscriban a este código.

Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

Por último, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva. (EUROPA PRESS)