Un matrimonio ha demandado ante el Tribunal Supremo a cinco magistrados del Tribunal Constitucional - entre ellos a su presidenta, María Emilia Casas- al considerar que actuaron de "mala fe" al inadmitir un recurso de amparo que ellos habían presentado alegando razones de forma e ignorando la jurisprudencia, lo que les causó un grave perjuicio porque les privó de una resolución de fondo del alto tribunal relativa a los ruidos que sufren en su domicilio. Reclaman a cada magistrado 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Esta demanda se dirige contra Casas y los magistrados Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata y Manuel Aragón, que son los que integraban el tribunal que inadmitió el recurso de amparo presentado por el matrimonio. Se les demanda por dolo civil o subsidiariamente culpa en su actividad profesional, una conducta que contempla el cese en la condición de magistrado del TC precisamente por haber sido declarados responsables civilmente por dolo.
Los demandantes presentaron en abril de 2003 un recurso de amparo contra una sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante relativa a los niveles de ruido que este matrimonio soportó en su domicilio entre 1997 y 2000, y del que culpaban a unas instalaciones de Adeslas. En dicha sentencia se omitió toda valoración sobre una prueba pericial psicológica que detallaba los padecimientos psíquicos sufridos por el marido, como ansiedad, agresividad verbal y síntomas depresivos.
A juicio de la pareja, dicha omisión determinaba la nulidad de la sentencia, por lo que presentaron el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones "intentado para remediar el defecto procesal cometido por la sentencia", detalla la demanda ante el Tribunal Supremo.
Según el abogado, José Luis Mazón, el propio TC ha inadmitido innumerables recursos de amparo precisamente por falta de agotamiento de los recursos previos, al no haberse utilizado el incidente de nulidad de actuaciones. "Por eso los demandantes estaban prevenidos de esta 'trampa' en la que se cae a porrillo y con toda diligencia presentaron frente a la sentencia y en plazo el incidente de nulidad de actuaciones", continua la demanda.
A pesar de ello y de la opinión del fiscal, que informó a favor de otorgar el amparo por considerar vulnerado el derecho a la integridad física y a la intimidad en el domicilio, los cinco magistrados del TC rechazaron la iniciativa de los recurrentes al considerar que, al promover la nulidad de actuaciones, "no se denunciaron defectos reales de forma que hubieran causado indefensión ni verdadera incongruencia" de la sentencia de la Audiencia de Alicante.
Mazón considera que esta argumentación es "falsa y maliciosa" y que, con ella, los magistrados del TC actuaron "de mala fe". Añade que los cinco miembros del TC negaron la evidencia calificando el incidente de nulidad como un recurso manifiestamente improcedente "al no considerar interrumpido el plazo del amparo por el susodicho incidente, y se ahorraban el trabajo de resolver sobre el fondo, sin importarles la gravedad de su denegación de justicia".
Los demandantes reclaman a cada magistrado una indemnización de 2.000 euros más el interés legal desde la interposición de la demanda porque "se han visto privados de una decisión de fondo sobre su recurso de amparo por un incumplimiento de deberes profesionales de los cinco demandados".
