El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente, con amplio respaldo parlamentario, la Ley del Libro, que consagra el precio fijo de los libros y liberaliza el de los manuales de la enseñanza obligatoria, y que se publicará en breve en BOE, para que entre en vigor de forma inmediata. Con ese breve plazo, que dio la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se satisface la petición de libreros, editores y distribuidores, a los que urgía la entrada en vigor de la Ley para poder así desarrollar la campaña de libros de texto de primaria y secundaria bajo el nuevo marco jurídico.

La Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas contempla la inclusión del canon por préstamo bibliotecario (0,20 euros por libro), en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y, aunque en principio estaba previsto que el pago del canon fuera compartido por el Ministerio y las Comunidades Autónomas, la ministra dijo que su departamento podría asumirlo en solitario.

En el debate que precedió a la votación de las enmiendas, la diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones lamentó que la ministra hubiera estado ausente en una sesión "tan importante", pero mostró su reconocimiento al equipo que dirige Carmen Calvo, "en especial al del director general del Libro", por el trabajo que se ha hecho con esta ley, que "se ha mejorado" durante la tramitación parlamentaria con unas 130 enmiendas.

"Es una ley nuclear y medular para la cultura", aseguró Rodríguez Salmones, quien, no obstante, cree que "se ha desaprovechado la ocasión" para incluir en el texto medidas tendentes a reforzar "el tejido de librerías" y la red de bibliotecas, así como para establecer sistemas adecuados para la gratuidad de los libros de texto.

Aunque hoy sólo tocaba votar las enmiendas aprobadas en el Senado, dos de las cuales fueron rechazadas por el PSOE y el PP, Izquierda Unida manifestó su oposición general a la ley porque se excluyen los libros de texto del modelo general de precio fijo y porque persisten "invasiones competenciales" en algunos apartados de la norma.

Una de las enmiendas rechazadas, y que el pasado 6 de junio fue aprobada en el Senado con los votos del PP, "por un pequeño pero lamentable error", según dijo Rodríguez Salmones, ha devuelto a su redacción original el deseo de ERC y CIU de que se hagan "campañas de promoción de los autores del Estado español que se expresen indistintamente en castellano, catalán, euskera y gallego".

Esa redacción provocó las protestas inmediatas de los senadores valencianos del PSOE por considerar que se excluía al valenciano de las campañas previstas para los autores que se expresen 'en cualesquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas', que es como finalmente figurará en la Ley.

También, según dijo Mario Bedera, del PSOE, la expresión "Estado español" se suprime para evitar que los autores hispanoamericanos queden fuera de esa promoción.

Joan Tardá, de ERC, y Jordi Vilajoana, de CIU, consideraron "un paso atrás" el rechazo de esta enmienda, y el primero de ellos dijo que en la Ley existen "agujeros negros", como es, a su juicio, que los libros de texto se hayan excluido del precio fijo.

Vilajoana aseguró que, para CIU, la unidad del catalán "es unívoca", y de ahí que no se mencionara el valenciano en la enmienda del Senado, y destacó que la Ley aprobada hoy sirve para "poner el libro en el siglo XXI".