La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, ha afirmado que juzgados de lo Social como los de Bilbao están "saturados de trabajo" por la alta litigiosidad laboral y presentan una demora, señalando juicios a diez meses vista, "imposible de resolver" con los medios con que cuentan actualmente. Por ello, ha reclamado la creación de tres nuevos órganos de resolución en la capital vizcaína.
Defensa de la calidad del trabajo de los jueces pese a los retrasos
En una entrevista a Europa Press, Biurrun ha asegurado que los jueces están dando sentencias de "extraordinaria calidad, muy trabajadas, y demuestran que han dedicado el tiempo que requiere cada sentencia".
No obstante, ha apuntado que la calidad "no depende sólo de que sea una buena resolución razonada, meditada y bien fundamentada. La calidad es también que la justicia se brinde en tiempo razonable y eso es lo que hoy en la jurisdicción social en Euskadi, sobre todo en Bilbao, no se puede garantizar". "Los medios que se tienen no permiten garantizarlo", ha lamentado.
Por ello, ha manifestado que es una situación "injusta con las personas que esperan su sentencia y con quienes trabajamos en la justicia, porque no es nuestra manera de responder".
Biurrun ha considerado "altamente preocupante" la situación de los juzgados de lo Social de Bilbao, que son los que están en una situación "más complicada", ya que están señalando los juicios a diez meses vista, cuando tradicionalmente se veían en tres meses.
La magistrada ha recordado que, con la reforma laboral de febrero de 2012, sólo en materia de despidos están entrando en los juzgados un 30 por ciento más de litigios, que son "especialmente complicados" y que se deben afrontar con un recorte "importantísimo" y es que los jueces interinos "desaparecen, de manera que las sustituciones se tienen que asumir entre los distintos juzgados y esto dificulta el trabajo".
Disminución del número de recursos
Frente a la "complicada situación" de los juzgados, Garbiñe Biurrun ha afirmado que la Sala de lo Social del TSJPV no está "desbordada", primero "porque la crisis ha incidido claramente en que haya un menor número de recursos, ya que las empresas que han sido condenadas en el juzgado y quieran recurrir, tienen que depositar la cantidad objeto de condena". "Muchas pequeñas empresas no pueden hacer frente ni siquiera a eso", ha apuntado.
En segundo lugar, ha indicado que ha habido otro elemento que ha contribuido al descenso del número de recursos, que es la imposición de la tasa judicial. "Aunque a los trabajadores no les es de aplicación, sí lo es para las empresas, y esto dificulta también el acceso al recurso, lo encarece y, si las empresas no tienen demasiada seguridad en vencer, la tasa les es demasiado gravosa". "La Sala está resolviendo con extraordinaria rapidez", ha destacado.
Preguntada por el llamamiento que han realizado los sindicatos para llevar a los juzgados los conflictos laborales surgidos con la reforma laboral y con medidas como la desaparición de la ultraactividad de los convenios, Biurrun ha asegurado que no le parece "en modo alguno" una "irresponsabilidad" que se llame a que los conflictos laborales sean resueltos por la justicia, si no pueden serlo por medio del diálogo social.
"Judicializar los conflictos supone entrar en un cauce constitucionalmente normalizado de resolución de conflictos, en este caso los laborales. Hay un margen para la resolución de conflictos antes de la justicia, que es el margen que hay para toda opción sindical, junto con la patronal, de que ambas partes lleven a cabo un diálogo eficaz", ha recordado.
El papel de los jueces ante la reforma laboral
Sobre las críticas recibidas por los jueces al anular algunos despidos colectivos llevados a cabo al amparo de la reforma laboral, la miembro de la Sala de Gobierno del TSJPV ha recordado que se ha dicho que los jueces "somos la auténtica oposición al Gobierno o que nos negamos a aplicar leyes".
"Se ha tratado desde algunos sectores de deslegitimar la acción de los jueces en la aplicación de las leyes laborales, como la última reforma laboral y, particularmente, en el País Vasco", ha denunciado, para añadir que "basta conocer un poco lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas respecto a la reforma laboral para ver que hay bastante uniformidad en los criterios que se están utilizando para resolver los litigios sobre despidos colectivos".
Por tanto, ha asegurado que desde la judicatura del País Vasco no hay "ninguna resistencia a la aplicación de la reforma laboral" y ha añadido que "lo que hay que hacer en cualquier nueva norma es interpretarla en términos no solamente de literalidad de la nueva ley, sino en términos constitucionales y también en referencia a lo que es la legislación social de la UE".
"Eso se está haciendo en muchas comunidades autónomas y, hasta lo que se conoce y ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, va en esta línea. No hay ningún ánimo de resistencia ni de oposición a la aplicación de la reforma laboral, pero sí una aplicación cabal, como la hemos aplicado", ha insistido.
La magistrada vasca ha recordado que ha habido un "buen número" de despidos colectivos e individuales por causas empresariales, ya que la patronal "se sintió segura" con la reforma laboral y pensaba que podía despedir "fácilmente".
"Lo que pasa es que cuando han sido analizados esos despidos por los tribunales, se ha visto que había que leer la reforma con gafas de la Constitución y la legislación social europea. Esa lectura se ha hecho y es posible que la patronal que pensaba que facilitaba el despido esa reforma del 2012, a lo mejor no ha sido tan fácil", ha manifestado.
Tras reconocer que los trabajadores se han visto "avasallados" por una reforma "intensa" que trataba de "facilitar el despido, en opinión de muchos, destruyendo y rebajando garantías", ha explicado que ella no hablaría de "indefensión" porque "siempre está la tutela judicial que se brinda a toda persona u organismo que acuda a ésta". (EUROPA PRESS)
