El Ministerio de Empleo propondrá a los agentes sociales y a las formaciones políticas un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones que sea diferente del IPC, con el que se impedirá que ningún gobierno pueda congelar o bajar las cuantías y que ya se empezará a aplicar a partir de 2014, mientras que se retrasa hasta finales de la próxima legislatura la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la demografía.

Así lo ha planteado la ministra Fátima Báñez este lunes a los sindicatos CC.OO. y UGT, con los que se ha reunido durante algo más de hora y media. En la rueda de prensa posterior, ha explicado que la idea es que ningún gobierno pueda congelar o bajar la cuantía de las pensiones, a través de la introducción de un índice mínimo de revalorización que deberá aplicarse obligatoriamente todos los años.

Para ello, el nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

No habrá bajadas nominales

"En todo caso habrá ganancia año a año. En años de bonanza los pensionistas ganarán algo más del IPC, y al tener un suelo, el índice de revalorización garantiza que habrá una ganancia mínima incluso cuando la situación sea de déficit", ha dicho Báñez, matizando a renglón seguido que "nominalmente las pensiones no bajarán ni se congelarán nunca" y que en el medio y largo plazo habrá "ganancias de poder adquisitivo".

La ministra defiende que este sistema respeta el Pacto de Toledo, cuya recomendación segunda decía que resulta conveniente estudiar la posibilidad de utilizar índices distintos al IPC para revalorizar las pensiones, y recuerda que este concepto copa el 27% del gasto total anual de la partida de pensiones de la Seguridad Social.

Además, ha explicado que la propuesta del Gobierno difiere de la que planteó el grupo de expertos porque "era muy volátil y hacía que algunos años pudiera haber subidas de hasta el 7% o más, y en los años de dificultad pudiera haber bajadas de hasta el 4%". "Nosotros mejoramos la fórmula de los expertos con un suelo que no es la congelación, es una mínima subida, y también con un techo máximo de subida. Es una propuesta basada en la de los expertos pero la mejora considerablemente y da estabilidad y certidumbre al sistema", ha apostillado.

Factor de sostenibilidad

En cuanto al factor de sostenibilidad propiamente dicho, el que vincula el cómputo de la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema de jubilación, Báñez no ha precisado cuál es la fórmula por la que apuesta el Gobierno, aunque sí ha dicho que se mantendrá la previsión de revisión cada cinco años que recoge la Ley 27/2011, que su entrada en vigor se retrasará hasta el año 2019 y que no afectará a los actuales pensionistas sino sólo a quienes se jubilen a partir de ese ejercicio.

También ha asegurado que en ningún caso conllevará cambios en la edad de jubilación o modificaciones en los derechos adquiridos por los pensionistas. "Sólo introduce por primera vez un índice objetivo y previsible que resguarda la sostenibilidad del sistema y libra de las decisiones políticas a las pensiones de mañana, evitando adoptar medidas drásticas ante los periodos de recesión", ha dicho.

Así, este factor buscará "garantizar que personas de distinta generación perciban una cantidad similar a aportaciones similares de tal manera que el sistema sea equitativo y haya esa solidaridad entre generaciones". .

Preguntada por el motivo que ha llevado al Ejecutivo a aplazar hasta 2019 su entrada en vigor a pesar de que el comité de expertos recomendaba aplicarlo desde ya, Báñez ha argumentado razones económicas, ya que el fondo de reserva da cierto margen pero hace "razonable" ir pensando en soluciones ahora; y también razones sociales, ya que se debe dar tiempo a los ciudadanos para conocer el sistema y "poder tomar decisiones anticipándose" a su jubilación, incluyendo por ejemplo el "compatibilizar una temporada empleo y pensión" para mejorar la cuantía a ganar de jubilado.

Abiertos a otros cambios

En cualquier caso, Báñez ha subrayado que estos dos factores son "inocuos" para las reformas actualmente en marcha -como el retraso de la edad de jubilación-- o para las que se puedan decidir en el futuro, y de hecho se ha mostrado abierta a incluir en las negociaciones "cualquier propuesta de modernización del sistema", por ejemplo la posibilidad de buscar nuevas vías de ingresos para la Seguridad Social.

De hecho, a partir de ahora se iniciará el proceso de diálogo con los agentes sociales, a los que en los próximos días remitirán por escrito su propuesta, y también con los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. "La idea es buscar entre todos el mayor consenso posible. La intención del Gobierno es que esta propuesta, la que salga finalmente, tenga el mayor consenso posible, porque la confianza y la certidumbre es buena", ha apostillado la ministra.

No obstante, ha defendido que su planteamiento de partida es "transparente" y tiene las ventajas de que "convierte en automático el factor de sostenibilidad", da "certidumbre a los pensionistas de hoy y también a los de mañana y garantiza que las pensiones no podrán bajar nunca. Y todo manteniendo un sistema "público y de reparto".

Por último, ha señalado que la previsión del IPC para este año apunta a que en noviembre estará en torno al 1%, por lo que "al menos el 70% de los pensionistas tendrán una ganancia patrimonial", ya que a quienes cobran menos de mil euros mensuales se les subió la asignación un 2% a principios de año. El resto, que tuvieron un incremento del 1%, no perderán poder adquisitivo.

Reacciones de sindicatos y patronal

UGT y CC.OO. aventuran que la negociación del factor de sostenibilidad será "compleja y difícil" 
Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. aventuran que la negociación con el Gobierno sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones será "compleja y difícil", aunque se muestran abiertos a intentar llegar a acuerdos, valorando sobre todo la disposición mostrada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a tocar cualquiera de los aspectos de su propuesta así como a estudiar otras propuestas de modificación.

Así lo han expresado el secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, y la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, tras reunirse durante algo más de hora y media con la ministra y con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que les han presentado un primer esbozo de su propuesta de reforma.

Bravo ha señalado que la negociación será "compleja y difícil" porque el Gobierno está planteando una reforma que "no se limita a hacer una propuesta sobre el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011", sino que también plantea modificar el método de revalorización anual a partir del próximo enero.

No se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas

De hecho, a su entender la propuesta tal y como la ha explicado Báñez "garantiza que no pueda haber un descenso" en las cuantías que cobran los jubilados pero "no garantiza que haya una revalorización equivalente al IPC" como sí hace la actual normativa, garantizando de esta forma que se mantenga el poder adquisitivo.

"Estaremos a la espera de que se concrete la propuesta para analizarla y ver las posibilidades de modificar lo puesto por el Gobierno sobre la mesa y de incorporar otros elementos que resuelvan los problemas coyunturales del sistema con la búsqueda de ingresos adicionales, y los estructurales que plantee la evolución demográfica. Pero nuestro temor es que se utilice el sistema de pensiones para abordar compromisos a corto plazo en materia de control de déficit con ajustes presupuestarios", ha reconocido el sindicalista.

Más allá de las diferencias de partida en los contenidos de la reforma, Bravo también admite que los plazos que se ha marcado el Ejecutivo -que quiere aprobar el proyecto de ley antes de final de año-- no facilitarán las negociaciones, aunque él "no descarta la posibilidad de que exista un acuerdo". "No es fácil en un plazo relativamente corto, eso es una dificultad añadida", ha insistido. Unas prisas que, además, no comprende, ya que la ley 27/2011, que firmaron los agentes sociales, introducía ya a su entender las medidas necesarias para afrontar esos cambios demográficos.

"Queremos datos reales"

Por su parte, Carmen López ha reclamado "datos reales" para poder valorar en sus justos términos la propuesta del Ministerio, aunque ya "a vuelapluma" intuyen que se producirá una pérdida de poder adquisitivo si se aplica el método de revalorización de Báñez que, además de la inflación, tiene en cuenta los ingresos y gastos, y el déficit o superávit del sistema, junto con un techo y un suelo.

"La Ley General de Sanidad, que dice que la revalorización hay que hacerla con el IPC, ya garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Si queremos cambiar las reglas del juego, bien, pero no se puede decir que se va a hacer una ley para garantizar que ningún pensionista pierda poder adquisitivo, porque eso ya existe", ha insistido.

También ella considera que esta reforma es innecesaria porque la Ley 27/2011 "ya incluye todas las reformas paramétricas" necesarias por la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, y además recuerda que si se quiere garantizar que los jóvenes de hoy tengan pensiones en el futuro lo que se debe hacer es darles un trabajo, porque "sin cotizaciones no cobrarán nunca la pensión".

"Ni una reforma ni dos ni cinco más van a arreglar el tema del déficit de la Seguridad Social, que es un problema de ingresos, de mercado laboral, de la reforma laboral. Si toda la población activa del país estuviera trabajando el superávit desbordaría, así que antes de atajar estos temas hay que hacer otras cosas", ha añadido, concluyendo no obstante que afrontan la negociación con la mejor voluntad e instando al Gobierno a no "imponer una reforma de pensiones" porque sería la primera vez que un cambio en esta materia no se acordara en el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo.

Por su parte, Teresa Díez, de Cepyme, se ha limitado a subrayar el "compromiso" de la patronal con el diálogo social y a destacar el valor de alcanzar consensos en una materia tan determinante como las pensiones. Por eso, se ha comprometido a trabajar por llegar a acuerdos, aunque ha eludido valorar la propuesta del Gobierno hasta que no tenga los detalles concretos. (EUROPA PRESS)