Según informa el Diario La Ley de hoy, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha afirmado que si lo que perseguía el Ministerio con la Ley de Tasas era acabar con uso abusivo de la Justicia existen otras vías que podrían obtener los mismos fines con diferentes medios.
Puso como ejemplo la posibilidad de que, después de un procedimiento, se celebre una vistilla para comprobar si ha habido abuso o no y, en caso de que, efectivamente, se detecte temeridad o mala fe, que sean las personas que han hecho ese mal uso quienes paguen. Y es que, según Carnicer, los abogados son «los primeros interesados en que los juzgados funcionen bien».
Enfrentamientos con el Ministerio de Justicia por la Ley de Tasas
La cuestión de las tasas judiciales ha sido el tema que mayor y más duros enfrentamientos ha provocado entre el colectivo de los abogados y el Ministerio de Justicia, una relación tensa que, no obstante, parece haber abierto ahora una nueva vía de negociación.
Según ha explicado el presidente de la Abogacía en un desayuno informativo organizado por Acijur y la editorial La Ley, del grupo Wolters Kluwer, se ha abierto recientemente de nuevo el diálogo con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y con el subsecretario, Juan Bravo, con quienes han mantenido, en el último mes, «dos reuniones al más alto nivel».
En este sentido, Carnicer reconoce que aunque los encuentros han sido tensos, después de los encontronazos del pasado, «ya se está trabajando en un marco de colaboración, vamos a darles un margen de confianza».
De hecho, ha explicado que el Ministerio va a crear una comisión para evaluar el efecto de las reformas y en ella quiere contar con la Abogacía. El colectivo está dispuesto a dar una oportunidad a esta nueva vía de diálogo, si bien no piensa ceder en ninguna de las reivindicaciones que ha venido manteniendo en el pasado.
Ruíz-Gallardón no ha sido un buen ministro
El representante de los abogados ha señalado que, pese a estos últimos acercamientos de Justicia, Gallardón no ha sido un buen ministro y ha enfatizado en que «no es cierto que todos los profesionales estén contra él, es el ministro el que está contra todos los profesionales».
Respecto a alguna de sus reformas más recientes, hace una valoración «absolutamente negativa» de la reforma del Código Penal, llevada a Consejo de Ministros el pasado viernes, y considera inoportuna la prisión permanente revisable.
En este sentido, ha reivindicado que «no se puede legislar por clamor social, sino por razones de equidad», parafraseando al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Ley de servicios profesionales
Más tensa es ahora mismo la relación con el Ministerio de Economía y Competitividad que el pasado 2 de agosto llevó a Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que ha levantado gran revuelo entre las profesiones liberales. Carnicer ha señalado que, frente al acercamiento que se está produciendo ahora con el Ministerio de Justicia, con el ministro Luis de Guindos la situación es más tensa: «Antes de verano teníamos prevista una reunión y nos dio calabazas».
Según las estimaciones calculadas por Unión Profesional, el impacto de la libre colegiación que se plantea en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales costará 3.317 millones de euros al PIB.
«La colegiacion debe ser obligatoria para todos los abogados, no se pueden trocear profesiones», ha insistido.
Supresión de los jueces sustitutos
Carnicer también discute la supresión de los jueces sustitutos en un momento en que son tan necesarios, algo que cree que no se debería haber hecho mientras no se convoquen las nuevas plazas suficientes para cubrir las necesidades actuales. «No tiene sentido», protesta.
También ha advertido que la reforma de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo «está conculcando derechos» al imponer el pago de las costas al ciudadano, que se encuentra en desigualdad de condiciones frente a la Administración. Precisamente este hecho, junto con las tasas, ha provocado, según Carnicer, que esta jurisdicción sea en la que se aprecia una mayor caída de procedimientos que «en zonas como Murcia, llega hasta el 64% menos».
Reclama un Ley reguladora del derecho de defensa
Además, el presidente de los abogados reclama una ley reguladora del derecho de defensa y reivindica una mayor presencia de la Abogacía en la Justicia. En esta línea, considera conveniente una mayor presencia de abogados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Tribunal Constitucional (TC).
Recuerda que la Constitución habla de «abogados y otros juristas de acreditada competencia» y que si el constituyente hubiera querido con ello referirse a cualquier jurista no hubiera mencionado expresamente a los abogados.
Explica que la Abogacía es quien mejor conoce el patio de la Administración de Justicia, por lo que la presencia de letrados en los dos órganos antes mencionados «sería una mejora considerable en la designación de los miembros del CGPJ y del TC». Además, Carlos Carnicer asegura que «el gran problema de la Justicia en España es la desconsideración que se tiene hacia la Abogacía». «Sin defensa no hay Justicia, y sin Justicia no hay democracia», ha dicho.
Respecto al CGPJ saliente, cuyo mandato culmina hoy, ha declarado que le ha producido «mucha frustración» con sus actuaciones, aunque empezó bien.
También ha apuntado que faltan elementos de contrapoder: «El único poder que tenemos es el Ejecutivo, que controla el Legislativo y que trata de entrometerse en el Judicial».
