El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, que fue interpuesto el pasado agosto por el PSOE.
La admisión a trámite no suspende la aplicación de la norma ni anticipa el juicio del Constitucional sobre el fondo del recurso, que el Pleno analizará más adelante, según ha informado este lunes el alto tribunal.
En la providencia notificada este lunes el TC da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Según el principal partido en la oposición, la última reforma realizada en relación con las hipotecas vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La normativa aprobada por el Gobierno, cuya constitucionalidad será estudiada ahora por el tribunal de garantías, es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.
Las iniciativas de la PAH, sin embargo, fueron eliminadas del texto final sin que los grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir, por lo que el PSOE entiende que se vulneraron principios constitucionales.
Argumentos del recurso
El recurso del PSOE recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución y también atiende argumentos jurídicos defendidos por la PAH. Entre ellos está cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces "no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda".
Según el PSOE, la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio, por lo que no apoya las últimas medidas de reforma. (EUROPA PRESS)
