El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Canarias y por la Diputación General de Aragón contra la Ley 10/2012 de Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

El recurso canario se refiere a losarts. 1 Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social; 2 c), e) y f) Hecho imponible de la tasa; 4 Exenciones de la tasa; 5.2 y 3 Devengo de la tasa; 6 Base imponible de la tasa; 7 Determinación de la cuota tributaria y disposición final primera Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos de la Ley, mientras que el recurso de Aragón se limita a los art. 2.e) y 7 de la misma.

Con estos ya son cinco los recursos de inconstitucionalidad y una cuestión de inconstitucionalidad (la interpuesta por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional), los admitidos contra dicha Ley.

El pasado mes de agosto, el Ejecutivo canario decidió interponer este recurso al entender que la nueva ley establece unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que considera lesivas del derecho a la tutela efectiva reconocido en la Constitución Española.

En declaraciones a los medios minutos antes del VIII Encuentro de Jueces Canarios, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, el consejero canario de Justicia, Hernández Spínola, señaló que la Ley de Tasas "afecta a la tutela judicial efectiva, consagra una justicia para ricos y para pobres y limita el acceso a la justicia a muchísima gente que lo está pasando mal".

El consejero resaltó la preocupación del Gobierno de Canarias por las reformas que está llevando a cabo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En este sentido, dijo que la Justicia es "un asunto de Estado" que tiene que ser tratado "de forma consensuada con todas las fuerzas políticas", pues --en su opinión-- "no es bueno que se aprueben leyes sólo por un partido político".

Así, criticó la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha planteado el Gobierno, ya que "perturba la independencia del Poder Judicial, no cuenta con el respaldo de ningún grupo político en el Congreso --exceptuando el PP-- ni la mayoría de jueces y magistrados, y le hace un flaco favor al funcionamiento de este órgano".

Respecto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Spínola lamentó que ignore la realidad de Canarias al centralizar en las capitales de provincia las actuaciones jurisdiccionales. Si bien admite que hay que llevar a cabo una reforma, considera que ésta no se puede hacer en los términos de centralización que ha planteado el Gobierno del Estado.

Igualmente, se refirió a la necesidad de que los juzgados tengan más medios, tal y como solicitó el presidente del TSJC en la apertura del Año Judicial. A este respecto, el consejero quiso dejar claro que el Gobierno de Canarias seguirá colaborando" con la Justicia, poniendo los medios materiales que sean de su competencia, para acabar con la "lentitud exasperante" de los procesos judiciales. (EUROPA PRESS)