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17/10/2013 06:27:00 Redacción NJ Ley de servicios profesionales y procuradores 2 minutos

La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales amenaza con eliminar la figura de los procuradores

La liberalización de la prestación de los servicios supondrá un mayor coste para el ciudadano y mayores dilaciones en la administración de Justicia, debido a la falta de infraestructuras de los despachos de abogados para asumir las labores de notificación que ahora desarrollan los procuradores.

La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales amenaza con eliminar la figura de los procuradores, según se lo han expresado este martes los decanos de los Colegios de Procuradores de Murcia, José Miguel Hurtado; Cartagena, Milagrosa González y Lorca, Nieves Cuartero, al consejero de Presidencia de Murcia, Manuel Campos, en representación de un colectivo profesional que ocupa a casi 400 personas en toda la Región.

En concreto, los Procuradores denuncian la supresión de los aranceles recogida en el anteproyecto de ley, que se encuentra actualmente en fase de informe, y la eliminación de la incompatibilidad entre la figura del procurador y la del abogado. Esta liberalización de los servicios supondrá un mayor coste para el ciudadano y mayores dilaciones en una administración, la de Justicia, que en la Región de Murcia acumula ya un retraso medio de 442 días.

Según los cálculos realizados desde el Colegio de Procuradores, estos retrasos podrían ser de hasta seis años debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructuras de los despachos de abogados para asumir las labores de notificación que ahora desarrollan los procuradores.

Según datos del Consejo General de Procuradores, este colectivo gestiona cada año 50 millones de notificaciones de los tribunales, de las que 28 millones son en formato papel mientras que el resto, 22 millones, se tramitan a través del sistema informático Lexnet.

El colectivo de procuradores, que en toda España agrupa a más de 10.000 profesionales, ha iniciado ya una campaña de movilizaciones para instar al Ministerio de Economía y Hacienda, responsable del anteproyecto, a que modifique su redacción. En Murica los procuradores han recogido más de 5.000 firmas en contra de un proyecto que cuenta con la oposición de todos los colectivos implicados en la administración de Justicia. (EUROPA PRESS)

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