El Gobierno se ha quedado sólo en su defensa de la reforma de las pensiones y ha tenido que hacer valer su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar, con la abstención del UPN, los hasta ocho vetos presentados por los grupos de la oposición a este proyecto de Ley.

La posición del Gobierno

Durante el debate previo a la votación, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, había dibujado un futuro sombrío para el sistema público de pensiones si no se lleva a cabo una pronta reforma y había lanzado un llamamiento a los grupos parlamentarios para dejar a un lado "negacionismos", llevar a cabo un debate "leal" y "no partidista", y acordar mecanismos que garanticen que "permanezca a flote".

No obstante, ha garantizado que el futuro de las pensiones queda garantizado con el texto propuesto por el Gobierno y ha avanzado que buscará el consenso y el acuerdo "hasta el final" con aquellos que quieran trabajar en favor del interés común.

También ha asegurado que mientras el gasto en prestaciones contributivas no deja de incrementarse, hasta un 76% en 10 años, el "combustible", esto es, los ingresos por cotizaciones, previsiblemente no permitirán sanearlo hasta 2016.

Por ello, ha señalado que "no se puede dejar pasar el tiempo, mientras se hacen declaraciones grandilocuentes". "Podemos debatir sobre todo lo que ustedes quieran, pero no sobre los datos oficiales", ha añadido.

La ministra de Empleo ha admitido que la reforma de las pensiones de 2011 partía de un análisis de la situación certero, pero equivocado "en las magnitudes". Aquella reforma, ha recordado, esperaba que el sistema entrara en déficit en 2018, pero ya entonces estaba "latente" dicho desequilibrio.

Así, el conjunto de las administraciones de la Seguridad Social acumulará entre 2012 y 2016 un déficit de hasta 47.000 millones, según ha dicho, por lo que "la realidad se ha impuesto con rotundidad y ha llegado el momento de ser honestos con las magnitudes", ha añadido.

Dicho esto, ha asegurado que el proyecto de Ley de reforma de las pensiones que ha presentado el Gobierno "es la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el largo plazo". Con esta reforma, ha dicho "el barco no se hundirá, permanecerá siempre a flote".

En cuanto al debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que podría acarrear esta reforma, Báñez ha explicado que la nueva fórmula de revalorización de las pensiones cuenta con un mínimo del 0,25% anual y un máximo del IPC más del 0,25% para los tiempos de bonanza.

Por ello, ha defendido que "el sistema ofrecerá en cada momento lo que pueda ofrecer a los pensionistas", y ha asegurado que "cada año las pensiones subirán en España, no se congelarán, y mantendrán su poder adquisitivo en el medio y largo plazo".

Críticas generalizadas de la oposición

Sin embargo, los grupo de la oposición han aprovechado sus turnos de intervención para criticar la reforma, que ven como un instrumento de recorte de las pensiones en favor de los planes privados, y echar en cara al Gobierno que haya legislado de espaldas al Pacto de Toledo.

La diputada del PSOE, Magdalena Valerio, se ha mostrado especialmente dura con Báñez: "Ustedes van solos, van en la dirección contraria, pero no de la oposición o de los agentes sociales, sino de los derechos de los pensionistas de este país, incluidos sus votantes, que están hartos".

"En el PSOE no compartimos ni el fondo ni la forma y es una opinión generalizada. Han empezado la casa por el tejado, no por los cimientos, han enviado el proyecto de Ley al CES sin pasar por el Pacto de Toledo, lo están ninguneando", ha dicho para apostillar: "Están confundiendo mayoría absoluta con absolutismo".

Por otro lado, la diputada Valerio ha asegurado que ha sido la reforma laboral la que ha ocasionado la merma de ingresos, que ahora hacen falta al sistema de pensiones y que son su verdadero "problema coyuntural", al suponer mayores trabajadores en paro.

Asimismo, ha asegurado que la reforma es "nefasta" porque supondrá un recorte del poder adquisitivo de las pensiones, y ha añadido que, en el caso de la fórmula de revalorización, que garantiza un incremento anual de las prestaciones del 0,25%, es en realidad "un engañabobos".

El portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha asegurado que la reforma de las pensiones está recorrida por una "monumental falacia", empezando por la idea de que un aumento de los pensionistas debe llevar a menores pensiones, cuando se puede incentivar la natalidad o contar con mayores flujos migratorios para garantizar ingresos suficientes.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha reclamado el papel del Pacto de Toledo como vehículo para reforma el sistema de pensiones, y ha asegurado que podría haber "entendimiento" con una fórmula de revalorización de las pensiones "acordada". "Den valor al Pacto de Toledo, porque tiene la fortaleza del consenso y da un plus de legitimidad a las reformas", ha insistido.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha criticado que la reforma sólo actúe por el lado del recorte del gasto en pensiones, dejando de lado medidas en favor de los ingresos y ha denunciado que puede implicar una rebaja de las pensiones de hasta el 20% en 2050, lo que puede suponer un "quebranto constitucional".

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha dicho no entender "qué es lo que se puede negociar" de la reforma cuando ésta ya se está aplicando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014, donde establece una subida de las pensiones del 0,25%.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha acusado al Gobierno de "atentar contra la joya de la corona" de los ciudadanos en favor de los "tiburones" del sector privado. "Son ustedes los verdugos del sistema de pensiones", ha añadido.

La portavoz de BNG, Olaia Fernández Dávila, ha acusado al Gobierno de querer "comercializar" las pensiones públicas, aplicando recortes en el sistema pública, al tiempo que se impulsa el sistema privado.

Por su parte, el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, ha asegurado que la reforma laboral anticipa una "privatización" de las pensiones, sobre la que planean los "buitres financieros". "Se quiere convertir el sistema de pensiones en un sistema de beneficencia y sustituir los derechos sociales por limosnas públicas", ha añadido.

Por Nafarroa Bai, Uxue Barkos ha asegurado que la reforma de las pensiones es "simple y llanamente una rebaja de las pensiones" y ha echado en cara al Ejecutivo que, antes de haberla empezado a tramitar, ya tenía acomodo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.

Por Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, ha dudado de que el proyecto de Ley de reforma de las pensiones muestre "todas sus cartas" y ha mostrado su temor a que el siguiente paso sea aprobar incentivos a los planes privado. Dicho esto, ha demandado al Gobierno que cuente con toda la "tripulación" para sacar adelante la reforma.

El portavoz de Compromis Equo, Joan Baldoví, ha tildado al Gobierno de "termita" y de tratar de "roer" el sistema público de pensiones. Pero aún más ha enfatizado que el Gobierno pretende con esta reforma invitar a los trabajadores a abrirse planes de pensiones privados. "Esa es su verdad inconfesable", ha añadido.

Por Coalición Canaria (CC), el diputado Pedro Quevedo, ha acusado al Gobierno de aprovechar la crisis para hacer "lo que piensa y no se atrevían a hacer, ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes". "Han llegado a la última frontera, la de maltratar a los pensionistas", ha añadido.

Por su parte, el diputado de UPN Carlos Salvador ha asegurado que es inexcusable llevar a cabo una reforma de las pensiones, pero ha llamador a acometerla desde un debate "sosegado y pragmático". (EUROPA PRESS)