La Asociación de Asesores y Gestores Tributarios (Asefiget) ha denunciado este martes la "mala praxis" de los ayuntamientos, que les lleva a aumentar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre parámetros incorrectos con la única finalidad de recaudar más.

En un comunicado, los asesores fiscales indican que, año a año, los ayuntamientos van aumentando el valor del terreno y no el de la construcción. De esta forma, por ejemplo, en un edificio donde vivan 150 familias en pisos de 140 metros cuadrados, lo que se va revalorizando "a precio de oro" es el pedazo mínimo de terreno que le correspondería a cada contribuyente de esta finca en caso de que no existiera dicha construcción.

Además, Asefiget denuncia que la fórmula que se utiliza para calcular la plusvalía durante las transmisiones se está planteando "al revés", con el fin de que el valor del IBI aumente "exponencialmente".

Para ello el procedimiento es el siguiente: primero se aplican unos coeficientes sobre el valor actual del terreno. Cada ayuntamiento puede gravarlo con un máximo o un mínimo y, como es de esperar, se acogen siempre al valor máximo. Después se aplica la formula de cálculo de la plusvalía la cual hace que, tal y como se aplica actualmente, paguemos en la transmisión por el disfrute de la vivienda en años futuros. Es decir: si vendemos una vivienda que hemos tenido durante 20 años, pagaremos impuestos por el disfrute de los próximos 20 años de la misma. Realmente el planteamiento tendría que ser justo el contrario. O se toma como base el valor del momento de la compra o, si tomamos el valor actual de la vivienda, aplicaríamos la fórmula de forma distinta para pagar por el disfrute de la propiedad desde la fecha actual hasta 20
años atrás. Está claro que, aplicando la fórmula de cálculo de la plusvalía en años futuros, el valor del IBI aumenta exponencialmente.

Desde Asefiget, afirman que ya existen sentencias, tanto en primera instancia como del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, sobre el cálculo "incorrecto" de la plusvalía gracias a un contribuyente de Cuenca. Ambas sentencias fallan a favor de este ciudadano y en contra del Ayuntamiento conquense, lo que abre una brecha judicial para futuras reclamaciones. (EUROPA PRESS)