El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial La Ley han presentado el “I Informe sobre la Justicia Gratuita en España”. El Informe incluye un estudio sociológico que aporta un perfil del abogado del Turno de Oficio en el que se rompen mitos sobre su juventud, experiencia, dedicación, etc., un análisis de la situación actual de la Justicia Gratuita y sus antecedentes, datos referidos a 2006, y las Propuestas y Recomendaciones del Comité de Expertos independientes que han participado en el Observatorio de la Justicia Gratuita en España. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández y el presidente del CGAE, Carlos Carnicer presidieron el acto.

En España, unos 20.000 abogados ejercen en el Turno de Oficio –la edad media es de 41 años, con 13,5 años de ejercicio profesional- y los casos de Justicia Gratuita han crecido hasta casi alcanzar el millón de expedientes anuales. “Los derechos de las personas no valen nada si no pueden ser adecuadamente defendidos”, señala Carlos Carnicer en el prólogo del libro que recoge este I Informe. “Sin el de defensa, añade el presidente del CGAE, los restantes derechos de la persona aquejan una poderosa y peligrosa condición de alteridad, en cuanto que su ejercicio quedaría muchas veces supeditado a la libérrima voluntad de reconocimiento o respeto que los demás quisieran concederles".

Para Carnicer, este Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita es “sólo un primer paso para involucrar en la calidad de un servicio público fundamental a todos los que lo podemos mejorar y una muestra del compromiso que la Abogacía tiene con el más cualificado asesoramiento y con la mejor defensa de todos los derechos, libertades e intereses individuales y colectivos de todos, absolutamente todos, los ciudadanos, sin distinción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o de disposición de recursos económicos”. En su opinión, “tenemos que dar mucho más tanto el Gobierno central y los de las comunidades autónomas, los Colegios y todos los abogados que libremente hemos elegido una profesión a la que nuestra Constitución le ha asignado una función social indeclinable”.

Por su parte, el director general de La Ley, Alberto Larrondo en su introducción a este libro apunta la importancia del Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-La Ley y destaca que “el derecho a la tutela judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho, la última garantía en definitiva, de los demás derechos”. También destaca que la asistencia jurídica gratuita “es un servicio público y es prestado por la Abogacía, que presenta así la cara más noble y reconocida de una profesión que ha peleado de una forma decidida por la ampliación de éste y otros derechos”. Para Larrondo este estudio va dirigido a los usuarios de la justicia gratuita y especialmente a los abogados del Turno de Oficio.

El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, Luis Ruiperez, pone de manifiesto en el Informe el buen funcionamiento y reputación de los diferentes Turnos de Oficio y destaca  la creación de nuevos servicios. Una prueba de su buena salud es “la ausencia o escasísimas quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo o instituciones análogas”. Para Ruiperez, “la inmensa mayoría de abogados, con responsabilidad y con humanidad, hacemos cuanto podemos para que el servicio público de la asistencia jurídica gratuita funcione y funcione bien”.

En el libro también se dan detalles sobre los diferentes Turnos de Oficio y   servicios de asistencia jurídica gratuita y sobre la financiación de estos servicios. Además, se presenta un estudio detallado sobre la imagen que los medios de Comunicación presentan sobre estos asuntos.

La puesta en marcha del Observatorio sobre la Justicia Gratuita, surgió a raíz de la entrega por parte de La Ley del “Premio Extraordinario 25 años Editorial La Ley” a la Abogacía Española por su destacada actividad en la defensa y aplicación del Derecho como instrumento de convivencia y desarrollo de los valores democráticos y del Estado de Derecho en nuestra sociedad. El objetivo del mismo era constituir un instrumento eficaz para el análisis y mejora del servicio prestado por la Abogacía a la sociedad mediante la asistencia al detenido y los Turnos de Oficio.