Caralin Group, compañía especializada en la externalización de servicios de otras empresas, implementa en las compañías estos modelos de gestión de vigilancia y control para la prevención de delitos. Con la nueva iniciativa de reforma al Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2010, se incorpora la posibilidad de que los representantes legales o administradores, de todo tipo de empresa, puedan ser condenados con pena de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio o la industria, por no adoptar las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos.
En consecuencia, además de la responsabilidad penal de los directivos, por un mismo delito, también puede condenarse a la propia empresa, lo que supone un cambio radical en la concepción de la imputación del delito, que antes quedaba limitada exclusivamente a las personas físicas, y que ahora se extiende también a las personas jurídicas. “Por ello, para evitar estas graves consecuencias, los directivos deberán acreditar que implantaron en su empresa programas de vigilancia y control para la prevención de delitos, ya que con ello evitarán su responsabilidad individual, como también conseguirán la exención de responsabilidad criminal de la empresa”, explica Juan Carlos Maté, presidente de Caralin Group.
Además de las sanciones establecidas en el Código Penal, la imputación de estos delitos, sin duda alguna, perjudica la “imagen corporativa” de la compañía, provocando consecuencias más perjudiciales, que la propia sanción penal, al ponerse en riesgo la rentabilidad, la reputación e incluso la viabilidad del negocio, por la desvinculación comercial de clientes y proveedores o, incluso, afectarse la cotización de la compañía en Bolsa y su prestigio en la sociedad. En consecuencia, resulta de fundamental importancia que la empresa cuente con el respaldo documental de todas las acciones que lleve a cabo para elaborar e implantar un Protocolo Preventivo, así como también para establecer los distintos mecanismos de control y de sanción.
Por ello, Caralin Group a través de su cliente Drapper Sterling, ofrece sus servicios profesionales a empresas para la elaboración de los documentos y la implementación de los procesos, que sirvan de prueba ante el Tribunal y permitan eximir de responsabilidad penal, tanto a sus empresas clientes, como a sus directivos. “Este nuevo escenario legal hace que las empresas necesiten la implantación de un Protocolo de Actuación Interno de Prevención de Delitos Penales y la realización de controles adecuados. Nosotros mediante el despacho jurídico de Drapper Sterling queremos facilitar a todos los empresarios la adecuación a esta normativa y su actualización en el marco de esta reforma” finaliza Juan Carlos Maté.
Caralin Group es una compañía especializada en la externalización de servicios de otras empresas. Este método de gestión de recursos humanos cuenta con una mayor elasticidad, a través de la integración de medios técnicos y humanos especializados, contribuyendo a realizar tareas específicas y permitiendo a las empresas tareas más importantes y aumentar con ello los beneficios de su compañía.
