Conducir duplicando la tasa de alcohol permitida o ser reincidente será multado con 1.000 euros, mientras que el resto de positivos seguirán estando sancionados con 500 euros, como hasta ahora, después de un acuerdo alcanzado a última hora entre el PP y CiU, al que se han sumado el resto de grupos --salvo el PSOE, que se ha abstenido--, durante la tramitación de la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ha sido aprobada este martes por la Comisión de Interior del Congreso.

La reforma, que será enviada ahora al Senado, ha salido adelante con los votos a favor del PP y CiU, que durante el trámite en el Congreso han pactado, a propuesta del grupo catalán, una rebaja del proyecto inicial del Gobierno de multar con 1.000 euros cualquier positivo en alcohol. Finalmente, esa multa sólo se aplicará a los conductores que dupliquen la tasa de alcohol, se nieguen a realizar la prueba o sean reincidentes, al haber sido multados por alcoholemia durante el último año. También se mantiene, a la espera de lo que se negocie en el Senado, la multa de 1.000 euros a los conductores que den positivo en drogas.

La reforma de la Ley de Tráfico aprobada por el Gobierno también incluye cambios en la regulación de los sistemas de retención infantil, prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), crea la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y refuerza labores de control y supervisión a las autoescuelas y centros de reconocimiento médicos.

Asimismo, durante su paso por la Cámara Baja, se ha introducido una enmienda, a propuesta del PSOE, por la cual los enfermos oncológicos podrán conducir si su médico lo permite. Otros acuerdos alcanzado, son el cambio a azul de la señal luminosa vehículos prioritarios, la posibilidad de cerrar una o restricciones por motivos medioambientales. Además, se ha dado luz verde a a la parada o estacionemiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable.

El PSOE e IU, que se han mostrado críticos con la subida de las sanciones por alcoholemia y la obligatoriedad del casco para los ciclistas en el ámbito urbano --otra de las novedades de la reforma-- han votado en contra del proyecto, mientras que PNV, UPyD y UPN se han abstenido.

Igualmente, el texto que ha salido del Congreso incluye el acuerdo que ya habían alcanzado PP y CiU durante el trámite de la ponencia para rebajar de 18 años, que había propuesto el ejecutivo, a 16 años la edad por debajo de la cual será obligatorio llevar casco para montar en bicicleta en ciudad. Actualmente, sólo es obligatorio el uso del casco en vías interurbanas.

A su vez, la normativa abre la puerta a un futuro cambio en los límites de velocidad, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas. Aunque la ley no eleva estos límites, permite que el Gobierno pueda hacerlo en un futuro, mediante una modificación del Reglamento de Circulación, y establece las sanciones para cuando estos límites estén en vigor. (EUROPA PRESS)