Uno de cada tres abogados españoles (concretamente, el 35%) indica que está teniendo dificultades para poder vivir de su profesión, mientras que tres de cada cuatro (el 77%) dice percibir que ahora sus colegas están pasando serias dificultades económicas.

Posiblemente la causa se deba a la carga de trabajo de la que deben ocuparse, el 74% de los más jóvenes se ocupa de un máximo de 100 casos al año (con un 46% que apenas llega a los 50 asuntos), mientras que entre aquellos con más años de experiencia el porcentaje de los que no pasan la barrera del centenar de casos desciende hasta el 59%.

Así lo destaca Almudena Vigil en un artículo publicado en el Diario La Ley de hoy, al hilo de la reciente publicación del libro "La abogacía española ante el espejo", de Juan José Toharia, editado por La Ley (grupo Wolters Kluwer) y el Consejo General de la Abogacía Española, y disponible de forma gratuita para todos los colegiados en la plataforma Smarteca.

El libro, que reúne datos de Metroscopia obtenidos en distintas oleadas durante los últimos 15 años, resume las opiniones de los abogados sobre cuestiones de actualidad. En él se puede ver, por ejemplo, el rotundo rechazo del colectivo a la polémica Ley de Tasas: el 92% cree que darán lugar a muchas situaciones de indefensión y el 86% considera que con ellas se crea una Justicia para ricos y para muy pobres (que acceden a la Justicia Gratuita) y otra para todos los demás. Además, el 80% no estima que tenga un efecto disuasorio sobre quienes hacen un uso torticero de los tribunales con fines dilatorios. El mismo porcentaje declara que ese objetivo se conseguiría estableciendo tasas que penalizasen exclusivamente las demandas temerarias.

Respecto a otras cuestiones de actualidad como una posible reforma del mapa de colegios de abogados, las encuestas apuntan que uno de cada dos letrados españoles (el 48%) no tiene mayor inconveniente en reconocer que la actual organización de la abogacía en 83 colegios de muy desigual ámbito territorial y muy dispar número de colegiados no responde, probablemente, al esquema que, en abstracto, cabría considerar como más lógico y racional, si bien no comparten las razones que hasta ahora se han aducido para una posible reforma de sus competencias territoriales.

En este sentido, el 66% de los abogados destaca que los colegios son instituciones con fuerte arraigo en sus respectivas localidades, con dilatadas trayectorias de servicios a las mismas y con un claro reconocimiento y respeto social. Además, el 87% cree que la supresión de algunos de ellos no contribuiría en nada a reducir los honorarios y, por tanto, a abaratar sus servicios para los usuarios, como se ha sugerido.

Un 66% resalta que todos los colegios se autofinancian, dependiendo exclusivamente de sus propios recursos, por lo que, en lo que se refiere a la posible reducción del gasto público, carecería de sentido su supresión o fusión.

En cuanto a la posible supresión de la colegiación obligatoria, el 86% de los abogados considera que en modo alguno abaratará los honorarios, ni supondrá un incremento o mejora de la competencia entre abogados que pudiera redundar en beneficio de los usuarios con la hipotética rebaja del coste de los servicios: así lo dice el 67%.

Además, el 71% cree que la supresión de la colegiación obligatoria (y, por tanto, la inexistencia de una instancia corporativa supervisora y controladora) facilita el intrusismo, con la consiguiente desprotección y previsible perjuicio para los usuarios, y el subsiguiente desprestigio social de una actividad profesional que, en estos momentos, goza de un amplio crédito ciudadano.

También se han pronunciado los abogados sobre los requisitos para el ingreso a la profesión. El 76% cree que quien quiera empezar a ejercer como abogado debe antes pasar alguna prueba, examen de acceso o curso que garantice a la sociedad que cuenta con los conocimientos prácticos precisos. En cuanto al ámbito de justicia gratuita, las encuestas de los últimos años tiran por tierra el falso mito de que son los abogados jóvenes y con menor experiencia los que ofrecen este servicio. Así, el porcentaje de letrados que anualmente lleva un mayor número de casos de este tipo se registra entre los que tienen entre 11 y 20 años de experiencia.

Quejas sobre la Justicia

En lo que afecta a la Administración de Justicia, aunque el 74% de los abogados estima que funciona mal, el 80% sigue creyendo que representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

En cualquier caso, el 77% piensa que los problemas que tiene la Justicia no dependen fundamentalmente de las personas que la componen, sino de la forma en que está organizada.

El 88% considera que el uso de medios alternativos de resolución de conflictos, que podría descargar los tribunales y agilizar su funcionamiento, sigue sin estar adecuadamente establecido y potenciado, y un 83% reclama una profunda revisión de la legislación procesal que agilice la Justicia.

La imagen de la Justicia no mejora

La imagen de la Justicia no atraviesa su mejor momento. Desde el año 2008, la valoración de los ciudadanos ha caído en picado, alcanzando un porcentaje de desaprobación inédito del 65% de la población.

Así lo pone de manifiesto José Juan Toharia, al señalar que nunca, en los últimos veinticinco años, la imagen ciudadana de la Justicia ha sido, en España, tan rotundamente negativa como en la actualidad.

A ello han contribuido, según recogen las encuestas, cuestiones como su mal funcionamiento, su imagen anticuada, desacompasada con los ritmos y modos de una sociedad avanzada y su lentitud. Además, la sociedad critica que su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio, o que en muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón, pues en la práctica la sentencia equivale a papel mojado ya que no se cumple, o se cumple tarde y mal. Por otro lado, los ciudadanos destacan que las carencias estructurales de la Administración de Justicia, tanto en medios personales como materiales, impiden a los jueces desarrollar su función en condiciones adecuadas.

Reforma profunda

Por todo ello, tal y como apunta el estudio, la ciudadanía concluye que la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente. No todo son críticas. Los ciudadanos piensan también que, con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades, y que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene. Además, entienden que, en general, los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas y que, en todo caso, son tan buenos como los de cualquier otro país de Europa comparable al nuestro.

Respecto a la labor de los abogados, el 82% de los españoles considera que desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos y las libertades ciudadanas, y un 70% cree que su existencia misma permite que se aclaren y resuelvan pacíficamente situaciones que, de otro modo, podrían derivar en injusticias y violencias.