Después de concerse la intención del Gobierno de poner un techo de 250 euros a las cuotas colegiales –entre ellas, las de los abogados-, ahora parece que buena parte de las instituciones colegiales de la abogacía podrían estar vulnerando la ley desde hace cuarenta años. Fuentes del Ministerio de Economía y Competencia han manifestado al diario Expansión que las instituciones colegiales “están cobrando cantidades económicas muy superiores a lo que estipula la ley en sus cuotas de incorporación, hasta el punto de considerarlas ilegales, punto que ha confirmado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como varias resoluciones de tribunales autonómicos”, tal y como apunta el diario.
En la sección Expansión Jurídico, los periodistas Sergio Saiz y Carlos García-León señalan “el conflicto se refiere a las cuotas de incorporación, una cantidad que los nuevos colegiados pagan a modo de canon de entrada para poder pertenecer a estas instituciones y que es independiente a la cuota mensual por los servicios que recibe”. Según explican, una ley de 1974 establece que esta cantidad debe restringirse únicamente a los gastos de tramitación. En la práctica, todos los colegios cobran este canon, aunque en cantidades muy diferentes, desde los 100 euros de Sueca hasta los más de 1.300 euros de Estella.
“Desde Economía aseguran que se trata de una barrera de entrada para muchos profesionales y que estas cantidades superan los costes de tramitación, por lo que son ilegales”, recoge el diario. Esta sería la razón por la que el Gobierno ha decidido suprimir definitivamente esta cuota, para poner fin a las irregularidades. Desde Competencia no sólo lo confirman, sino que aseguran que fue este organismo el que dio la voz de alarma para poner fin a esta práctica con la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
De aprobarse la reforma auspiciada por Economía, los colegios de abogados podrían dejar de recibir alrededor de 20 millones anuales por este concepto que, según Economía, "nunca deberían de haber ingresado". Fuentes de la Administración han señalado a Expansión que son los propios colegiados quienes tendrían que haber denunciado estas prácticas, algo que ha ocurrido en algunos casos, como en el Colegio de León. El año pasado, se presentaron ante la CNMC dos escritos denunciando el cobro de estas cuotas contra el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y 34 colegios. Desde el regulador, señalan que "el asunto se está considerando por la unidad responsable", pero todavía no se ha iniciado ningún expediente.
El artículo del diario económico recoge declaraciones del presidente del CGAE y de Unión Profesional, Carlos Carnicer, que rechaza estas acusaciones y está convencido de que "todos los colegios de abogados de España cumplen el artículo 3 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, donde se especifica que la cuota de inscripción no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. El problema es que el término asociado es interpretable, pero eso no significa que las cuotas no se ajusten a la ley".
También opina el director de los servicios jurídicos del CGAE, Lucas Blanque, quien explica que "cada colegio es autónomo y fija una cuota de inscripción dependiendo del coste que supone ofrecer servicios a ese nuevo colegiado, como tener a su disposición bases de datos, servicios de asistencia, biblioteca o locales para ejercer, pero siempre dentro de la ley". Sin embargo, tal y como señala el diario, ninguno de los dos grandes colegios de España, los de Madrid (Icam) y Barcelona (Icab), desglosan los 300 euros de su canon de entrada, más allá de apuntar que son gastos generales y que a veces incluyen regalos de bienvenida, como un maletín.
