La futura ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género ha superado el trámite de la aprobación en comisión para su próximo debate en pleno, con la abstención del Partido Popular.  A pesar de que los populares no están dispuestos a retirar las diez enmiendas elaboradas al texto normativo, se mostraron convencidos de poder llegar a un consenso con el resto de grupos parlamentarios.
   
Entre las rectificaciones solicitadas por la oposición figura la creación de juzgados específicos de ámbito comarcal para dar respuesta a este tipo de casos. Del mismo modo, reclama que la futura ley se acompañe de un plan integral que fije el desarrollo de la norma e incluya una dotación económica que garantice la aplicación de las medidas establecidas.

A juicio de los populares, es preciso que el legislador se hago eco de los avances producidos en el contexto internacional, estatal y autonómico en materia de lucha contra la violencia de género en los últimos años, con una especial referencia a la puesta en funcionamiento de los Centros de Información a la Mujer (CIM) y del Servicio Gallego de Igualdad, creado con rango de ley en 1991.

Consenso entre las fuerzas

No obstante, tanto la parlamentaria popular, Susana López Abella, como las portavoces del BNG, Ana López Pontón. y del PSOE, Laura Seara coincidieron en resaltar la importancia del nuevo texto, que será aprobado el próximo martes por la Cámara gallega, sin que se descarte la posibilidad de que sea por unanimidad. Según Abella, supondrá "un paso importante a la hora de combatir una lacra social, por la que ocho mujeres denuncian cada día ser víctimas de violencia de género".