El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este marte el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, obra destinada a realizar un chequeo a la realidad actual de la Institución y elaborar un balance de situación para afrontar con garantías de éxito las funciones que la institución tiene encomendadas.
El documento, de 126 páginas, se organiza en tres grandes secciones: la intervención del Fiscal en el proceso penal, que ocupa el 75% del trabajo total de los fiscales; a continuación se analiza la necesaria autonomía del Ministerio Público como garantía de la imparcialidad que debe gobernar sus decisiones y en tercer lugar, se estudian diferentes aspectos organizativos y de gestión de la plantilla fiscal.
Entre el decálogo de conclusiones destacan las siguientes propuestas:
El acto, el Fiscal General del Estado ha exigido reforzar la autonomía del Ministerio Público para mantenerlo alejado de la "contienda política" y ha advertido de que los ciudadanos ven "inadmisible" una Fiscalía "teledirigida desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas determinadas", por lo que apuesta por un fiscal "servidor de la ley" que cumpla su función desde la "más absoluta imparcialidad" y desde "una posición autónoma".
Por ello, deben seleccionarse desde la racionalidad las causas en las que los fiscales deben intervenir. De otro modo, dilapidaremos un bien escaso y caro", ha añadido.
Reinvindicación de una policía propia
Torres-Dulce ha reclamado también que la Policía Judicial dependa "orgánicamente" de la Fiscalía: "La labor investigadora del Ministerio Fiscal ha de venir acompañada de las correspondientes dotaciones de Unidades Adscritas de Policía Judicial, así como de los técnicos y peritos que sean necesarios para garantizar la eficacia de nuestra labor".
Igualmente ha reclamado que solo se remitan a los juzgados aquellos atestados en los que haya indicios sobre una persona determinada. Además, aboga por reducir el "excesivo" catálogo de delitos del tribunal de jurado y por introducir un máster como requisito para acceder a la oposición a la Carrera Judicial y Fiscal.
El documento advierte de que cerca de cinco millones de atestados policiales ingresan cada año en la organización judicial, aunque en el 80 por ciento de los casos es "obvio desde un primer momento" que la investigación no va a progresar.
"Con ello se aumenta de manera artificial e ineficaz el volumen de asuntos gestionados por los órganos judiciales en unos procedimientos cuyo destino inmediato es el archivo", ha indicado, para apostar por que se remitan solo aquellos que cuenten con indicios sobre alguna persona determinada.
Apuesta por que el Ministerio Público comparta o tenga acceso a las bases de datos penitenciarias para examinar las incidencias de la ejecución de la pena que permitan valorar todas las circunstancias del preso antes de emitir dictámenes. "Se considera que deben mantenerse las visitas de inspección a los Centros Penitenciarios, pues es una función esencial del Fiscal", añade.
Actuaciones cautelares de la fiscalía
En tanto se sustancie la reforma del fiscal investigador, la memoria aboga por habilitar al Ministerio Público para adoptar "medidas cautelares reales urgentísimas de las que en muchas ocasiones depende el éxito de la investigación". Ve conveniente que pueda acordar cautelares como embargos o anotaciones preventivas.
Finalmente, concluye que el catálogo de delitos del tribunal de jurado es "excesivo", carece de "sistemática y de criterios claros de atribución" y recuerda que el borrador de Código Procesal Penal los reduce al homicidio doloso y el asesinato, cuando no sean cometidos por grupos u organizaciones criminales.
Obligaciones de la fiscalía con la prensa
Torres-Dulce ha señado también que "El Ministerio Fiscal tiene obligaciones para con los medios y en última instancia para con la sociedad, que tiene derecho a recibir información veraz sobre los sucesos de relevancia penal, respecto de los que ha declarado el Constitucional que "no cabe negarles el interés noticioso".
En su turno de intervención, el ministro de Justicia ha respondido que la primera necesidad es modificar la estructura organizativa a través de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, después toca el turno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y seguidamente será hora de adecuar el Estatuto del Ministerio Fiscal a esa "nueva realidad orgánica y procesal". (EUROPA PRESS y Redacción)
