El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha lamentado que la reciente reforma de la justicia universal permita "una interpretación mucho más acorde y permisiva con respecto a operaciones de narcotráfico o terrorismo".
Torres-Dulce, que ha realizado estas manifestaciones en Ceuta, ha señalado que los representantes del Ministerio Público van a "esperar, siempre respetuosos pero discrepantes", la decisión del Tribunal Supremo, que tendrá que revisar la excarcelación de 43 presuntos narcotraficantes por parte de la Audiencia Nacional desde que en marzo pasado entrara en vigor la reforma.
En este sentido, ha mostrado su "convicción" de que todos los asuntos que se instruyen en la Audiencia Nacional "merecen la misma consideración y la misma interpretación de la ley" en relación con un asunto "complejo" en el que, según ha lamentado, no se dio a la Fiscalía la opción de "opinar".
"Respetamos la voluntad del Gobierno y del Parlamento, que en definitiva es el que la ha aprobado, pero somos ciertamente críticos tanto con respecto a esa modificación como con algunas decisiones jurisdiccionales que se han adoptado", ha señalado.
A favor de que se pronuncie el TC
Para el fiscal general, hay "algunos asuntos, los menos", que, a su juicio deberían salir del catálogo de delitos que se pueden perseguir en virtud de la jurisdicción universal, mientras que con otros "se plantean dudas". "Vamos a estar de acuerdo en plantear recursos de inconstitucionalidad para que el Tribunal decida el horizonte que tienen algunas decisiones", ha insistido.
"Una parte de la ley, la que sitúa techo y suelo, nos parece correcta; otra, perfectamente discutible; y otra en la que nos manifestamos en desacuerdo con las decisiones judiciales, siempre con la idea de que el principio de jurisdicción universal es un triunfo de las sociedades democráticas avanzadas que permite el enjuiciamiento de forma rigurosa, justa e imparcial de crímenes contra la humanidad que no pueden quedar en modo alguno impunes", ha concluido.
Sáenz de Santamaría recuerda a los jueces de la Audiencia Nacional que están obligados a aplicar las leyes
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno señaló al finalizar el último consejo de ministros para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que ha generado "problemas" desde su introducción en nuestro país. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, ha precisado la portavoz del Gobierno. En este punto, ha reconocido que han surgido "dificultades" en el caso de aquellas barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que "en algunos casos" ni siquiera se dirigían a España.
En estos casos, "no es que (los delitos) queden impunes", ha dicho, pues las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la justicia del país competente.
La decisión del PP de limitar el alcance de la justicia universal a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes y viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión ha sido el juez Andreu, que calificó de "chapuza" esta reforma y quien censuró que se use la justicia como "moneda de cambio".
Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra esta reforma promovida por el PP, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo. Como ejemplo, el juez Santiago Pedraz ha rechazado el archivo de la muerte del periodista español José Couso en Irak y el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.
A este respecto, la vicepresidenta ha recordado a los jueces de la Audiencia Nacional que están "obligados" a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba pues, al igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el legislativo, están "obligados a aplicarlas". Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, ha señalado.
(EUROPA PRESS)
