La Administración pública podrá pactar con sus proveedores plazos superiores a los 30 días para expedir las certificaciones de obra o acreditaciones de la entrega del bien o la realización del servicio contratado, documentos imprescindibles para poder cobrar, siempre y cuando el nuevo periodo acordado no sea "manifiestamente abusivo".

Así se recoge en una de las dos enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, a las que ha tenido acceso Europa Press.

La enmienda modifica la Ley de Contratos del Sector Público, que estipula que desde la aprobación de los certificados de obra o servicios la Administración tiene que pagar en un máximo de 30 días, debiendo abonar intereses de demora e indemnización por los costes de cobro en caso de retraso.

Sin embargo, con el cambio del PP, la Administración podrá alcanzar "acuerdos expresos" con sus proveedores para saltarse la obligación de emitir esas certificaciones en un máximo de un mes desde la entrega de la obra o la prestación del servicio, siempre y cuando el plazo acordado "no sea manifiestamente abusivo para el acreedor", lo que a la postre supondrá retrasar el pago.

Necesidad de adaptarse a la normativa comunitaria

Según el PP, es necesario dar una "respuesta inmediata" a la reclamación de la Comisión Europea (CE) de que este precepto, previsto en una directiva comunitaria, se recoja en la normativa nacional para que puedan acordarse plazos diferentes de pago si se recoge de este modo en el contrato o en alguno de los documentos que rigen la licitación.

Además, el partido que da sustento al Gobierno señala que esta modificación permitirá a muchos proveedores públicos "alegar esta modificación" para "evitar posibles prácticas abusivas".

Plazo para presentación de las facturas ante el registro administrativo correspondiente

La misma enmienda incluye también la previsión de que, para que comience a computar el plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en un plazo de 30 días desde la entrega efectiva de la mercancía o la prestación del servicio.

Si incumple ese plazo, el devengo de intereses se retrasará hasta "transcurridos 30 días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono".

En otra enmienda, el PP pide modificar el Presupuesto de 2012 para ampliar un año, hasta el 30 de septiembre de 2015, los beneficios fiscales a los que están sujetos los donantes del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014, evento considerado de excepcional interés público.

Y es que el convenio de creación del órgano administrativo del Campeonato no se firmó hasta enero de 2013 lo que, sumado a "las complicaciones derivadas de los cambios producidos en el Consistorio en marzo de 2013", hace que la ampliación del plazo sea "esencial para conseguir el éxito económico" del proyecto.

Otras enmiendas presentadas por la oposición

Las otras cinco enmiendas presentadas a este proyecto de ley han sido presentadas por PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU, que hacen referencia al acuerdo del Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) del 8 de mayo de modificar las condiciones de los préstamos que comunidades autónomas y ayuntamientos recibieron para pagar sus facturas en el año 2012.

En concreto, las comunidades autónomas verán reducido en 140 puntos básicos el tipo de interés del crédito, mientras que las corporaciones locales podrán elegir entre tres opciones: en primer lugar, ampliar el periodo de amortización de 10 a 20 años y el plazo de carencia de 2 a 4 años, a la vez que reducir su tipo de interés unos 41 puntos básicos, eso a cambio de un nuevo plan de ajuste.

En segundo lugar, ver ampliado un año el periodo de carencia, mantener el de amortización y reducir el tipo en 131 puntos básicos; y como tercera opción, reducir el tipo de interés en unos 140 puntos básicos.

A cambio de estas dos posibilidades, los ayuntamientos tendrían que adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y a la plataforma Emprende en 3, sustituir de forma inmediata al menos un 30% de la vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, y elaborar un informe de evaluación de sus normas incompatibles con la unidad de mercado.

Además, todas estas entidades verán controlado el ahorro que se genere y su destino deberá limitarse en 2014 y 2015 a la reducción de la deuda viva y del periodo medio de pago a proveedores, garantizando que no se incurra en déficit. (EUROPA PRESS)