Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, reunidos en Milán, debatieron el pasado miércoles la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al establecimiento de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión. Un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito.
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, como ya hizo hace ahora un año o el pasado mes de marzo en Bruselas, ha manifestado su compromiso con la creación de una Fiscalía Europea, que se someta al control judicial que se establezca por cada legislación nacional no sólo en el caso de diligencias de investigación sino también para acordar archivos o conformidades. “La Fiscalía no debe tener un trato distinto a la autoridad nacional equivalente”, señaló el ministro.
De esta forma no se alterarán las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, a juicio de España, no tendría sentido implicarle en el control de las decisiones operativas de la Fiscalía. Ruiz-Gallardón señaló en este sentido que hacerlo no ayudaría a la eficacia de las investigaciones, ni añadiría salvaguarda adicional para los sospechosos en manos del órgano judicial nacional.
Durante su turno de intervención, España hizo suyas las palabras de la Comisión: “La Fiscalía Europea constituye un órgano de la Unión cuya actuación revestirá importancia principalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por este motivo, conviene considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer del control jurisdiccional de todas las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales impugnables que haya emprendido la Fiscalía Europea”.
La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias sobre delitos conexos a estos son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales (por ejemplo, todo lo relativo al inicio de investigaciones).
Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, defendió en el JAI que se celebró en marzo en Bruselas una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.
De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y los recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según el modelo propuesto por la Comisión, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.
Torres-Dulce lamenta que el Gobierno limite la autonomía del fiscal en Eurojust y en equipos internacionales
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado este miércoles que el Consejo Fiscal lamenta la postura del Ministerio de Justicia que tiende a limitar la autonomía del fiscal en la organización Eurojust y su presencia en los equipos internacionales de investigación, hasta ahora coliderados por jueces y fiscales: "No se nos da el rol que nos corresponde", ha zanjado.
En rueda de prensa por la celebración del pleno del Consejo Fiscal en Barcelona --donde se ubica por primera vez--, Torres-Dulce ha explicado que el Consejo está disconforme con el anteproyecto de Ley que regula el estatuto de un miembro nacional en Eurojust y con la postura "más restrictiva" del Gobierno de que en los equipos de investigación internacional el fiscal no colidere con el juez las investigaciones, como se hacía hasta ahora.
En este sentido, ha puntualizado que "la discrepancia básica que sostiene el Consejo Fiscal respetuosamente respecto a la posición del Ministerio es que entendemos que desde 1978, la Constitución y sobre todo, el Estatuto Orgánico del 81, todo lo que no implique ampliar la autonomía funcional del Ministerio Fiscal va en contra del espíritu constitucional".
"No se pueden dar pasos en regresión a un sistema en el que se limite la autonomía del Ministerio Fiscal", ha insistido, considerando que cualquier modificación del estatuto del miembro nacional de Eurojust debería contemplar la autonomía del Ministerio Fiscal y ahora el proyecto del Gobierno reduce extremadamente este ámbito.
"Sigue residenciándose excesivamente en el Ministerio de Justicia competencias en relación con Eurojust y eso no es muy acorde con la posición de progresiva autonomía", ha reflexionado.
En los equipos de investigación conjuntos, Torres-Dulce ha opinado que darle al fiscal un papel de relevancia "sería deseable por la realidad europea del papel del fiscal y la exigencia de estos equipos, muchas veces impulsados por fiscales".
Investigación penal
Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dotaría al fiscal del rol de dirigir la investigación penal --que ahora recae en los jueces de instrucción--, ha opinado que "cada vez queda menos tiempo parlamentario para que se impulse", y ha indicado que en el Consejo están todos de acuerdo en que sería deseable una reforma.
Por el momento, ha asegurado que el actual rol de investigación del fiscal les queda "excesivamente corto", y ha destacado que si actualmente los fiscales ya tienen una presencia muy activa en la instrucción en colaboración con los jueces, eso debería tener un reflejo legislativo.
Por ello, el fiscal general ha apostado por que el fiscal lidere en exclusiva la investigación penal y posteriormente el trabajo sea controlado por un juez de garantías y las partes, y ha defendido que no son un órgano que está sometidos al Gobierno.
Sobre las razones de que no progrese legislativamente este proyecto, ha rechazado que sea por la falta de confianza del Gobierno.
Ha explicado para agilizar el funcionamiento de la Justicia, enviarán un documento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con medidas para mejorar la eficiencia de los juicios inmediatos para que los ciudadanos "tengan la inmediata percepción de que se hace justicia".
Ha anunciado que crearán unidades con fiscales especializados dedicados solo a investigación, como ya existen por ejemplo en la Fiscalía de Barcelona, y ha citado un preacuerdo con el Ministerio del Interior, que ha diseñado una comisaría general para el Ministerio Fiscal "muy eficiente" (EUROPA PRESS y Redacción).
