El ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón, acaba de anunciar su dimisión del cargo en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio.

Al parecer, la retirada de la tramitación de la Ley de reforma del aborto, anunciada hoy por el Presidente del Gobierno ha sido el detonante de esta decisión, sobre la que se venía especulando en las ultimas horas.

Según informa Europa Press, el ministro se ha justificado diciendo que "la nueva fórmula que se articule por parte del Gobierno" para regular el polémico tema de la interrupción voluntaria del embarazo, no debe hacerla quien desde un primer momento había adquirido un compromiso "firme y rotundo" con lo que entendía era la voluntad del Gobierno, del PP y de sus votantes.

Gallardón ha defendido que el anteproyecto que elaboró su departamento estaba en línea con la doctrina del PP, con el criterio que adoptó el propio partido en el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley socialista y conforme a la doctrina del propio TC.

Ruiz Gallardón ha anunciado también su abandono definitivo de la vida política. Así, en la misma rueda de prensa ha infomrado de que en los próximos días renunciará formalmente al escaño que obtuvo en las elecciones generales de 2011 y también dejará de pertenecer al Comité Ejecutivo Nacional del PP, aunque seguirá siendo militante.

"Siempre dije que este sería mi último puesto de responsabilidad en la política, he llegado al final de una época fascinante de mi vida, que me ha dado más de lo que yo le he dado a ella. He tenido la oportunidad de intentar la transformación de la realidad", ha señalado.

Un mandato marcado por la polémica

El período durante el que Alberto Ruiz-Gallardón ha estado al frente del Ministerio de Justicia ha estado marcado por la polémica y el enfrentamiento con la mayoría de estamentos relacionados con el mundo de la Justicia, con motivo de las diversas iniciativas emprendidas desde su departamento.

Las numerosas iniciativas legislativas impulsadas desde Justicia, de las que hemos ido dando cuenta desde estas páginas, han encontrado oposición de todo tipo.

La acusación más frecuentemente repetida en todos los casos ha sido la falta de diálogo con los distintos colectivos implicados, lo complejo de los plantemientos abordados y las consecuencias negativas que se anticipaban en todos los casos.

Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios, registradores y justiciables, todos han ido tomando partido a lo largo de esta legislatura, en contra de las propuestas y medidas impulsadas por el ya ex ministro.

Diversos colectivos de jueces manifestaron su oposición al proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, la misma a la que se opusieron los fiscales (por la retirada de la anunciada figura del fiscal instructor) y lossecretarios judiciales, que también manifestaron su oposición a distintas medidas previstas en la Ley de Jurisdicción voluntaria.

El colectivo de los abogados ha sido de los más críticos con las propuestas del ministerio. La Ley de tasas singularmente, pero también el proyecto de Ley de Justicia gratuita, despertaron desde un primer momento la radical oposición de los órganos de representación de la profesión. Otros proyectos  del departamento, como  la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Estatuto de la Víctima y la Ley de Seguridad Ciudadana, han sido otros proyectos con cuyo contenido los abogados han mostrado su desacuerdo.

Notarios y registradores también se vieron afectados y criticaron, tanto el Proyecto de Ley de reforma de la Jurisdicción Voluntaria, como las idas y venidas de la nueva asignación del registro civil a los registradores de la propiedad.

Solo los procuradores de los tribunales manifestaron su apoyo al contenido de la propuesta de reforma de la LOPJ, por entender que sus novedades beneficiaban al colectivo.