El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha acordado iniciar una investigación de oficio ante el Ministerio de Sanidad y Consumo, en relación con las noticias difundidas por medios de comunicación social, que alertan sobre la existencia de extraordinarias dificultades para la aplicación, en centros y servicios del sistema público sanitario, de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Según tales medios, tan solo el 3 por cien de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en España son realizadas en centros hospitalarios del sector público, lo que representa que la práctica totalidad de estos procedimientos se lleven a cabo en centros sanitarios del ámbito de la sanidad privada, ubicados, en no pocas ocasiones, en comunidades autónomas distintas a la de residencia de las personas afectadas.
El Defensor del Pueblo ha instado al titular del mencionado Departamento a que, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aborde la cuestión planteada y se adopten las medidas pertinentes que permitan garantizar a los usuarios del sistema público sanitario la atención en su comunidad de residencia y en los centros hospitalarios de referencia del Sistema Nacional de Salud.
