Una delegación del Colectivo de víctimas del terrorismo COVITE encabezado por su presidenta, Consuelo Ordónez, ha hecho entrega este viernes en el Tribunal Supremo de una veintena de cartas dirigidas a cada a uno de los magistrados de la Sala de lo Penal de este órgano censurando su reciente acuerdo sobre cuál debe ser el cauce procesal adecuado para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Consideran que si esta decisión, que establece el recurso de revisión como trámite adecuado mientras no exista una nueva regulación al respecto, se hubiera aplicado hace un año se hubiera evitado la excarcelación de casi 60 presos a los que se les estaba aplicando la denominada "doctrina Parot", como consecuencia de la sentencia del TEDH de 21 de octubre de 2013.
En noviembre del año pasado, el Supremo concluía por doce votos frente a cuatro que debía ser cada tribunal sentenciador el que dirimiera el alcance de la sentencia del TEDH respecto de aquellos presos a los que se alargó la condena por la denominada "doctrina Parot", cuya aplicación dio por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.
En las misivas, COVITE pregunta a los magistrados por qué no adoptaron dicho acuerdo el pasado año si sabían que no existía cauce procesal para ejecutar las sentencias del TEDH.
Ordóñez ha leído un fragmento de la carta a las puertas del tribunal señalando que con el acuerdo que acaba de dictar el Supremo está dando la razón a los ocho magistrados de la Audiencia Nacional que en su día se opusieron a la "excarcelación masiva de terroristas".
Considera que el Supremo se inventó "un mecanismo que, qué casualidad, daba cobertura a la pretensiones del Gobierno".
Suspensión del estado de derecho
También ha añadido que esto es un tema que "ha pasado desapercibido" a pesar de ser la prueba de lo que ella considera "la suspensión del Estado de Derecho durante un año para poder soltar a los etarras".
Ha recordado que el 21 de octubre, cuando comparecieron los ministros de Interior y Justicia, "fue el momento en el que se deroga la 'doctrina Parot' porque el Tribunal de Estrasburgo sólo dijo que se excarcelara a Inés del Río" pero el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, es decir el Ejecutivo, "le dijo al Poder Judicicial lo que tiene que hacer", que la competencia en de la Audiencia Nacional.
"Es la Justicia al servicio de los políticos, y ese es el mayor déficit democrático que tiene este país, la falta de independencia del Poder Judicial -ha añadido-. Y esta es la prueba, un año de excepción, de no aplicación del Estado de Derecho".
La carta entregada a los magistrados añade que si no se hubieran producido las excarcelaciones también se habrán evitado "uno de los mayores sufrimientos" que el colectivo de víctimas ha vivido desde el asesinato de sus familiares, así como el abandono que han sentido por parte de las instituciones y el "engaño" de los gobernantes con "complicidad" de la Justicia.
Por unanimidad, los magistrados de lo Penal del Tribunal Supremo acordaron el pasado martes que "en tanto no exista en el Ordenamiento Jurídico una expresa previsión legal" para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH se da por bueno que el recurso de revisión que se regula en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es el que "cumple este cometido".
