La comisión de Transporte deja claro su apoyo a toda medida pragmática contra el riesgo terrorista en la aviación civil (párrafo 1). Además, se reconoce la necesidad de una seguridad de calidad elevada (párrafo 5). Sin embargo, las medidas de seguridad deben contribuir en todo momento a "minimizar los riesgos" y no resultar desproporcionadas (párrafo 1).
 
En cuanto al reglamento sobre los líquidos en los aviones, los diputados subrayan que supone un "mayor coste para los aeropuertos y operadores", además de reconocer el perjuicio económico que supone para los pasajeros de la aviación civil la confiscación de efectos personales (párrafos 4 y 5). La comisión parlamentaria también destacan las "considerables molestias e inconvenientes" que causa la aplicación del reglamento a los pasajeros, en particular a los que se encuentran en tránsito (párrafo 6).
 
Como consecuencia, la comisión aboga por revisar "urgentemente" y "a intervalos regulares" el mencionado reglamento (párrafo 8).

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