La ley establecerá que el derecho de acceso a la vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sustituto del salario mínimo interprofesional, o sean ingresos superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre. Los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 euros (el tope máximo exigido para acceder a una vivienda protegida).
En el primer caso, la Junta garantizará a las familias andaluzas más pobres (con ingresos inferiores a 500 euros mensuales) el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler a un precio no superior al 25% de su renta (125 euros mensuales).
Cuando ganen más de 500 euros, la Junta les facilitará una vivienda en alquiler o en propiedad siempre que sus ingresos no superen las 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (al ser éste de 570 euros, el tope para las ayudas sería una renta de 3.100 euros). Los beneficiarios pagarán por estas viviendas un tercio de los ingresos familiares totales (es decir, el máximo que se pagaría al mes sería poco más de 1.000 euros).
