La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de reducir las cargas administrativas y los trámites burocráticos de las empresas.
La colaboración que inician el Gobierno y las Cámaras de Comercio responde al compromiso del Ejecutivo de reducir las cargas administrativas en un 25 por ciento hasta el año 2012.
El Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007 acordó elaborar un Plan de Acción para mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y aumentar la competitividad de nuestras empresas, eliminando obstáculos burocráticos y simplificando la legislación que entorpezca la actividad empresarial. Dicho acuerdo se sumaba al aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que instaba a la Comisión a reducir las cargas derivadas de la legislación comunitaria en un porcentaje similar.
Entre las iniciativas incluidas en el Plan, destacan las siguientes:
- Valorar las cargas administrativas para las empresas en la legislación nacional, con el objeto de reducirlas en un 25% para 2012. En especial se profundizará en las medidas necesarias para disminuir los trámites relacionados con la creación de nuevas empresas.
- Determinar la participación española en el programa de acción de la Comisión de Reducción de Cargas Administrativas de la UE.
- Avanzar en el uso de tecnologías de la información, incluyendo la interconexión entre administraciones, como forma de reducir cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano.
- Establecer la necesaria colaboración con las comunidades autónomas y los entes locales, a través de la Conferencia Sectorial de Administración Local, para vincular su participación en los objetivos recogidos en el Plan.
- Acordar mecanismos de colaboración con las cámaras de comercio y organizaciones empresariales y sindicales para avanzar en la rápida identificación de aquellas medidas que permitan la reducción de las cargas administrativas que dificultan la creación de nuevas empresas y limitan la actividad de las ya existentes.
