De acuerdo con la Memoria anual 2007 del Consejo General del Poder Judicial,  el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles durante el año 2006 ha sido de 8.043.809, lo que significa un incremento del 4,1% respecto 2005; superándose por primera vez los ocho millones de asuntos ingresados sólo cuatro años después de 2002, año en el que se superaron los siete.

Litigiosidad

La litigiosidad ha alcanzado en 2006 la cifra de 179,9 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, un 2,7% más que en 2005.

Por Comunidades Autónomas, se observa que la más alta se ha dado en Andalucía (212,5). Las comunidades de Baleares (211,6), Valencia (207,6), Madrid (204,1) y Canarias (197,2) también superan la nacional. Por el contrario, la litigiosidad más baja se ha dado en País Vasco (117,7), Castilla-La Mancha (120,1) y la Rioja (124,3).

Respecto a 2005, se observa que la litigiosidad ha aumentado un 10,3% en Aragón, un 5,9% en Galicia, un 5,6% en Cantabria, un 5,5% en Extremadura, un 4,6% en Murcia y un 4,4% en Andalucía. Por el contrario, se ha reducido un 5,1,% en Castilla-La Mancha, un 3,5% en el País Vasco y un 1,% en la Rioja.

La clasificación de los asuntos ingresados por jurisdicciones mantiene la tendencia al leve ascenso de la participación de los asuntos de la jurisdicción civil, acompañado de una reducción de los penales y sociales. En el 2006, se ha producido un importante incremento en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, que ha pasado de representar el 2,9% en 2005 al 3,2% en 2006.

Respecto a la labor resolutiva, en 2006 se resolvieron 7.863.012 asuntos, un 3,1% más que en 2005.

Tasas de Resolución, Pendencia y Congestión

El número de asuntos resueltos en 2006 ha sido inferior en 180.797 al de los ingresados, lo que se ha traducido en un importante aumento, del 7%, del número de asuntos que estaban tramitándose en los órganos judiciales españoles al fi nal del año 2006 respecto al final del año 2005. El número de asuntos en proceso de resolución a finales de 2006 ha sido de 2.331.557.

Como indicadores significativos para comparar la situación en distintos periodos o en distintos territorios, consideramos las tasas de resolución, cociente entre el número de asuntos resueltos en el periodo y los ingresados en el mismo; la tasa de pendencia, cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo; y como indicador global de la capacidad resolutiva respecto a la carga de trabajo, la tasa de congestión, cociente entre los asuntos resueltos en el periodo y la suma de los pendientes de resolver al comienzo del periodo y los ingresados en el mismo.

En los años 2005 y 2006, estos indicadores han sido, expresados en tantos por ciento:

Tasa de Resolución: 98,8% (2005), 97,8% (2006)
Tasa de Pendencia: 28,6% (2005), 29,7% (2006)
Tasa de Congestión: 128,7% (2005), 130,0% (2006)

Observándose una leve reducción de la tasa de resolución, acompañada de un incremento de las tasas de pendencia y congestión, lo que ofrece la imagen de un ligero deterioro de la situación entre estos dos años.

Estas tasas también son útiles para realizar una comparación de las situaciones en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Considerando la Tasa de Resolución, se observa que la peor situación se da en Baleares y Castilla-La Mancha (0,95), Murcia y Valencia (0,96). Por el contrario, las regiones en mejor situación son Asturias con 1,0, Andalucía, Aragón y Navarra con 0,99.

Cifras globales

En los órganos judiciales españoles tuvieron entrada durante el año 2006 un total de 1.581.722 demandas de auxilio judicial, de ellas 598.015 fueron recibidas por los servicios comunes, 239.138 por órganos con competencia civil, 723.393 por órganos con competencia penal, 11.751 por los sociales y 9.425 por los contencioso administrativos.

El número total de plazas constituidas de magistrado o juez, a 1 de enero de 2006 fue de 4.451, con un importante incremento de 250 respecto a la misma fecha del año anterior. El aumento de plazas de juez se ha traducido, a pesar del fuerte incremento de la población debida a los flujos inmigratorios, en un incremento de 0,5 jueces por 100.000 habitantes respecto a los 9,5 de correspondientes al 1 de enero de 2005.