El Abogado General del Estado, en nombre del Gobierno de la Nación, ha formulado ante el Tribunal Constitucional la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo y Montiel y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, en el recurso de inconstitucionalidad planteado por Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo que modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
El motivo en el que se fundamenta la recusación –que deberá ser resuelta por el propio Tribunal-, es la “contaminación” de los Magistrados recusados, dado que en su condición de tales y fuera e inmediatamente antes de interponerse el recurso de inconstitucionalidad, pusieron de manifiesto mediante carta dirigida a la Presidenta del Tribunal su “más profunda discrepancia con el resultado de la reforma legal” de cuya constitucionalidad hoy se discute en el Tribunal.
La actitud de los Magistrados recusados se califica como contraria a la necesaria imparcialidad exigible a un Magistrado y reveladora de un prejuicio sobre el objeto del pleito, lo que implica prejuzgarlo. Ambas circunstancias están vetadas por el ordenamiento jurídico.
La recusación se funda en las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se motiva y argumenta con base en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
