España no tendrá un Real Decreto de transposición de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones hasta entrado el año 2008 a pesar de que el plazo venció el pasado 20 de octubre. De esta forma, España se convierte en uno más de los países europeos que no cumple el plazo marcado por la directiva europea. Pamela Brumter-Coret, jefa de Unidad DG Mercado Interior y profesiones reguladas de la Comisión Europea, afirmó que de los 27 países europeos tan solo dos, Dinamarca y Suecia, han realizado la transposición completa. El resto, en distintas fases, no lo ha conseguido. Esto supone un freno desde el punto de vista de la movilidad de los profesionales europeos (estimado en 20 millones) y de los consumidores, como destinatarios últimos de la prestación de servicios.
Estas declaraciones las realizó durante la celebración del Comité Permanente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) reunido en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid. El retraso se debe, como explicó Brumter-Coret, más que a razones políticas, como las que obstaculizaron la directiva Bolkestein (directiva de Servicios en el Mercado Interior), a la propia complejidad del proceso, “lento y oneroso”, sobre todo si se tiene en cuenta la heterogeneidad estructura de los países europeos. Para ello, puso como ejemplo Alemania, con su estructura de landers.
De acuerdo con el procedimiento establecido, la Comisión Europea abrirá expedientes de infracción para los estados que bien no han transpuesto la directiva o que no lo han hecho completamente, como es el caso español.
Desde el punto de vista migratorio, el problema principal de este retraso es que un profesional legalmente establecido en su país (UE) puede prestar servicios en otro estado miembro sin que este le pueda exigir ningún otro requisito. Para poder asumir las exigencias que marca la directiva habría de haber completado el proceso de transposición (artículo 9). “Desde el pasado 20 de octubre puede haber migrantes que se aprovechen de esta situación sin que los estados miembros estén siendo muy conscientes de ello”, advirtió la funcionaria europea.
Profesiones reguladas
A lo largo de la sesión se hizo mención a dos aspectos capitales que han revoloteado desde el principio en torno a esta directiva: el concepto de profesión regulada y las “plataformas comunes”. La primera estaba, además, vinculada a la fuerte polémica del mes de julio en todo el entorno colegial español por el borrador de real decreto de transposición que dejaba fuera del concepto de profesión regulada a diez profesiones que sí estaban incluidas como tales en el anexo I del real decreto de 1991. Entre las profesiones “inoportunamente excluidas”, como señaló el presidente de Consejo General de la Abogacía Española y de Unión Profesional Carlos Carnicer, se encuentran la de físicos, geólogos, trabajadores sociales o psicólogos. Según informó Carnicer, tras sus gestiones con vicepresidencia del Gobierno las profesiones afectadas serán finalmente incluidas en el real decreto, aunque aun falta tiempo para verlo hecho realidad. Brumter-Coret dejó claro que son los estados miembros los que tienen que identificar en su legislación las profesiones colegiadas y, reconoció, “es uno de los temas más difíciles”.
Plataformas comunes
Respecto a las plataformas comunes (artículo 15), opción prevista por la directiva para compensar, en forma de criterios de cualificaciones, las diferencias que se hayan observado entre los requisitos de formación existentes en los distintos estados miembros en relación con una profesión determinada, la funcionaria europea quiso insistir en que esta tan solo es una opción que presenta la Comisión Europea y, como tal, solo habrá de recurrirse a ella en caso de necesidad. De alguna forma, la opción de las “plataformas comunes” sería una ampliación a escala comunitaria de la facultad autorreguladora de las profesiones.
Pamela Brumter-Coret hizo también referencia al Sistema de Información de Mercado Interior (IMI, en sus siglas en inglés) que trabaja actualmente con un grupo “piloto” de profesiones y que se prevé que estará en marcha en mayo de 2008.
La sesión, presidida por John Ferguson, presidente del Comité Permanente, y coordinada por el presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, Pierangelo Sardi, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de Unión Profesional, Carlos Carnicer, contó con la participación también de Carolina Mayeur, subdirectora general de Cooperación del Mediterráneo y de Europa Oriental (Gobierno de España), quien habló del papel de las organizaciones colegiales en la cooperación en el área euromediterránea. Mayeur habló del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2004-2008, eje de actuación, en el que no están presentes las organizaciones profesionales como actores. A este respecto, Carlos Carnicer propuso una revisión de cara al Plan Director 2008-2012 para que las organizaciones profesionales formen parte integrante del grupo de actores; una petición que se hará explícita desde Unión Profesional en los próximos días.
Esta era la primera vez que se daban cita en la capital las profesiones reunidas en torno al CEPLIS. El encuentro estuvo motivado, en gran parte, por el renovado impulso que Carlos Carnicer quiere darle a la dimensión internacional de las profesiones colegiadas españolas, del que dio cuenta también con motivo de su reelección como vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. A esto se suma la elección de Pierangelo Sardi como presidente del CEPLIS de esta organización europea.
