El Pleno del Senado ha aprobado la Ley de derechos y medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria, que no ha recibido en la Cámara Alta ninguna enmienda y que concluye de este modo su paso por las Cortes.

La norma parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano.

Según su exposición de motivos, la Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto. Según se indica, no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva, pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas.

La iniciativa ha superado su último trámite en la Cámara Alta sin que se introduzca alguna modificación respecto al texto aprobado el pasado 31 de octubre por el Congreso de los Diputados.

A pesar de esto, al  contrario que lo que ocurrió en el Congreso, el trámite de esta ley en el Senado ha sido bastante breve, ya que sólo han hecho falta dos reuniones de Ponencia, una sesión de la Comisión Constitucional y el posterior debate en el Pleno para su ratificación definitiva.

Esta norma entrará en vigor un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría ocurrir antes de que acabe esta misma semana.