Reproducimos la intervención, a petición propia, de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Las negritas son nuestras.

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Comparezco ante esta Comisión para exponer a sus señorías la actuación del Gobierno en el desarrollo de las relaciones entre las distintas iglesias y confesiones religiosas y el Estado.

Y ya les adelanto que las distintas medidas que se han adoptado durante la legislatura, y que detallaré más adelante, se enmarcan en el modelo que ha establecido la Constitución.

Un modelo constitucional de relación entre ambas instituciones que -en mi opinión- ha permitido aprobar una asignatura pendiente que a lo largo de nuestra historia ha sido fuente de intensas controversias cuando no de abiertos conflictos.

Y es que las lecciones del pasado fueron tenidas muy en cuenta por nuestros constituyentes y precisamente por eso quisieron que las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas se asentarán, de forma clara y expresa, sobre el respeto, la libertad, la igualdad y la autonomía.

Sabían nuestros constituyentes que clarificar la relación entre las instituciones de todos y las instituciones religiosas (por muy mayoritarias que estas sean) partiendo de un nítido principio de aconfesionalidad, constituía el presupuesto básico para la convivencia libre y respetuosa entre las distintas convicciones y creencias religiosas propias de una sociedad plural y democrática.

Garantizar plenamente la libertad de religión y respetar el pluralismo era, pues, una pieza imprescindible en la construcción de la democracia, en la edificación de la casa común de todos los ciudadanos con independencia de su ideología, creencias o religión.

Cuando el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” está dirigiendo a todos los poderes públicos un muy preciso principio de neutralidad en materia religiosa que “veda -tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional- cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”. Y que supone la consagración del Principio de laicidad del Estado, es decir, la ausencia de influencia religiosa alguna en sus instituciones.

Ninguna injerencia, ninguna intervención puede realizar el Estado sobre el libre ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos salvo las estrictamente necesarias para preservar el orden público protegido por la ley. Del mismo modo, y recíprocamente, la acción del Estado debe estar exclusivamente guiada por el interés general democráticamente formado a partir de la deliberación y participación pública.

Señorías, ése es el modelo que establece nuestra Constitución. Y la obligación de quienes tienen -tenemos- responsabilidades públicas y de gobierno, es preservar y consolidar ese marco de autonomía y respeto. Entre otras cosas, porque haciéndolo profundizamos en nuestro proyecto democrático de convivencia; porque desarrollando sus principios, estamos fortaleciendo nuestra democracia.

La de todos, sin exclusión alguna.

Se fortalece la democracia porque cuanto más se ahonda en las raíces del respeto a la libertad de los ciudadanos, tanto de los creyentes como de los no creyentes, más robustecemos nuestra autonomía personal y colectiva y por tanto, más fortalecemos nuestro Estado de Derecho y el sistema de convivencia que entre todos nos hemos dado.

Respeto y autonomía, son pues, dos palabras clave, sobre las que se ha asentado la voluntad y el trabajo del Gobierno a la hora de establecer las relaciones entre el Estado y las instituciones eclesiales. A lo largo de la legislatura que ahora termina. Como clave resulta también el espíritu constitucional de concordia y convivencia por el que nos hemos guiado.

Constitución, concordia, convivencia, respeto y autonomía, configuran pues la columna vertebral y han marcado la hoja de ruta del Gobierno en sus relaciones con la jerarquía eclesiástica.

Hemos trabajado, desde el primer día, para que las relaciones entre Estado e Iglesia discurran de manera fluida dentro del modelo de aconfesionalidad o laicidad y cooperación que nítidamente marca el texto constitucional.

Lo hemos hecho introduciendo transparencia en esas relaciones con el fin de que respondan más fielmente a los principios que las rigen. Una mayor clarificación de los respectivos ámbitos de responsabilidad, de las distintas esferas, que redunda en estabilidad y genera confianza, confianza en nuestro sistema de libertades que da cabida a todos y en el que todos pueden sentirse reconocidos.

Pero, sobre todo, hemos trabajado con respeto. Respeto a la Constitución, respeto a la autonomía de cada institución, respeto a todas las creencias y respeto a los compromisos contraídos con los ciudadanos. Y les aseguro, Señorías, como responsable que soy de que la política del Gobierno discurriera por estos derroteros, que no existe incompatibilidad alguna entre estos objetivos. Muy al contrario.

De hecho, ésas han sido las bases de un diálogo permanente y fluido con la jerarquía eclesiástica tanto española como romana. Yo misma mantuve varios encuentros con Monseñor Sodano, el anterior Secretario de Estado vaticano, y el buen clima en que se desarrollaron esas entrevistas tuvieron su continuidad en la reunión con el actual Secretario, Monseñor Tarcisio Bertone, que mantuve el pasado mes de noviembre.

En esa reunión ambos constatamos que entre España y el Vaticano no existen contenciosos. Más allá de las discrepancias, existen relaciones de amistad y respeto mutuo entre dos Estados que han compartido muchos siglos de historia europea.

Allí, en la Basílica de San Pedro, he tenido la oportunidad de presidir la delegación española que ha asistido a la imposición del sello y el cápelo a cuatro cardenales españoles. El Gobierno ha querido acompañarlos en una ocasión importante para la Iglesia católica española, y lo hemos hecho, señorías, porque estamos convencidos de que, desde la autonomía de cada cual, puede y debe existir una buena relación, una relación de cooperación y lealtad entre las dos instituciones.

Porque señorías el principio de cooperación, ni empaña, ni merma en nada, la aconfesionalidad del Estado. La cooperación con las Iglesias, algo plenamente normal en la mayoría de los países democráticos, no supone menoscabo alguno de la laicidad del Estado, ni otorga derecho a Iglesia alguna, por mayoritaria que sea, a inmiscuirse en el ámbito propio de la autonomía del poder político.

Y eso se consigue con diálogo y respeto. El Gobierno ha trabajado de manera permanente con la Conferencia Episcopal Española a lo largo de estos años, y creo francamente que hemos trabajado bien, porque gracias al diálogo se han llevado adelante acuerdos importantes.

Acuerdos como el del nuevo sistema de financiación de la Iglesia, pendiente de revisar desde hace años. Era preciso avanzar en el camino de la autofinanciación de la Iglesia Católica; era preciso suprimir algunos de los privilegios fiscales de que aun gozaba la Iglesia Católica como las exenciones en el IVA o en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO).

Y así se ha hecho.

Hoy, la Iglesia católica paga los mismos impuestos que el resto de confesiones que tienen suscritos convenios de cooperación con el Estado y recibe lo que sus fieles destinan a sus arcas, del mismo modo que lo hacen por ejemplo, las Organizaciones No Gubernamentales.

Como también, de la misma manera que lo hacen las ONGs, los religiosos que realizan tareas humanitarias y de cooperación al desarrollo han visto reconocidos sus derechos en el Estatuto del Cooperante. Los mismos derechos que tienen todos los cooperantes.

Iguales derechos, iguales obligaciones, con independencia de las creencias religiosas. Ese es el objetivo y en esa tarea nos hemos empleado.

El Gobierno ha llevado a cabo esta tarea sin confrontación, respetando la autonomía de la Iglesia Católica, manteniendo un diálogo constante con sus responsables y ha colaborado y colabora en el mantenimiento de servicios de interés común para la ciudadanía, como son el apoyo a los desfavorecidos, dentro y fuera de España.

Es verdad que no siempre ha sido posible el acuerdo.

Así lo comprobamos con la Ley Orgánica de la Educación, algunos de cuyos puntos fueron rechazados por los obispos.

Es el caso de la asignatura de Religión. Coherentes con el carácter aconfesional que la Constitución otorga al Estado, en nuestra voluntad de gobernar para todos, y cumpliendo nuestros compromisos con los ciudadanos, la Religión ha vuelto a ser lo que tradicionalmente ha sido desde la Transición: una asignatura cuya oferta es obligatoria, pero que sólo cursan los que así lo eligen. No ha gustado a una parte del Conferencia Episcopal y nosotros lo respetamos porque ese es el juego democrático.

Del mismo modo, que los profesores que imparten la asignatura de religión han visto por fin clarificada y mejor protegida su situación laboral, lo que llevaban muchos años demandando.

Tampoco ha gustado a una parte de la jerarquía eclesiástica la implantación de la asignatura de educación para la Ciudadanía. Y nosotros lo respetamos, aunque no podemos compartirlo, porque precisamente, es ésta una asignatura que nace para educar en valores, en valores democráticos y constitucionales, a todos los niños y niñas españoles. Como ya se hace en los países de nuestro entorno más inmediato.

Su incorporación al currículo se ha recogido en una ley orgánica de este Parlamento con el apoyo de la gran mayoría de los grupos y con el acuerdo de la comunidad educativa, incluidos la federación de religiosos de la enseñanza y los centros católicos, con los que hemos colaborado intensamente en esta legislatura.

Como ven señorías, el Gobierno respeta y respetará a la jerarquía eclesiástica española, a los que discrepan mucho con el Gobierno y a los que lo hacen menos. Y precisamente por eso, con el mismo legítimo derecho a su autonomía, y esperando el mismo respeto, el Gobierno ha cumplido los compromisos que adquirió con los ciudadanos en su programa electoral. Unos compromisos que recibieron el respaldo mayoritario en las urnas.

Nos comprometimos con los ciudadanos a que extenderíamos sus derechos y eliminaríamos discriminaciones, y fruto de ese compromiso son avances sociales como la posibilidad de contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo y la supresión de trámites y trabas, para quienes deciden dentro de su autonomía y libertad individual, divorciarse.

Nuevos y más derechos que a nadie obligan, que no impiden a nadie la vivencia y el libre ejercicio de su fe, pero que permiten a otros muchos ver cumplidas expectativas de vida personal que hasta ahora, les eran negadas.

Cuando se amplia la libertad, todos ganamos porque la sociedad es más justa. Vivir en una sociedad respetuosa con los individuos que la forman es un bien colectivo del que todos nos beneficiamos. Mantener discriminaciones nos empobrece colectivamente.

Junto a estas medidas, el Gobierno ha promovido e impulsado otras muchas y muy importantes a favor de las familias, de todas las familias españolas como corresponde al carácter social de nuestro Estado que debe atender a la realidad efectiva de los modos de convivencia existentes en una sociedad plural como la nuestra.

Por primera vez, reciben atención las familias que cuidan a personas dependientes y se apoya a aquellas que aumentan con el nacimiento o adopción de un hijo.

Hemos avanzado en la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral con medidas como el permiso de paternidad.

Se han mejorado la protección social de las familias, especialmente de las numerosas, y los incrementos del salario mínimo y las pensiones más bajas han dignificado la vida diaria de las más desfavorecidas.

Señorías, toda la acción del Gobierno ha venido marcada por un fuerte compromiso social con la libertad e igualdad real y efectiva de los ciudadanos. Hemos procurado remover obstáculos y crear condiciones favorables a su ejercicio. Y lo hemos hecho desde la firme convicción de que la democracia se basa en una comunidad de iguales en derechos y obligaciones, en la que no caben ni privilegios, ni discriminaciones.

En definitiva, hemos gobernado para todos desde el respeto a todos. Y nos sentimos satisfechos de las políticas sociales que hemos puesto en marcha en estos años.

Nos sentimos satisfechos, no sólo porque sin duda han cumplido ese objetivo de extender libertades y derechos ciudadanos, sino porque, como todos nosotros hemos tenido la oportunidad de comprobar, la sociedad española las ha aceptado e integrado en su día a día de manera inmediata, demostrando así que se corresponden con su sensibilidad mayoritaria y con sus demandas.

Demostrando que vivimos en una sociedad abierta, en una sociedad respetuosa, en una sociedad tolerante y en una sociedad con profundos valores como la libertad, la igualdad, la dignidad y la solidaridad.

En una sociedad, en definitiva, que no necesita tutelas morales, como tampoco las necesita, ni tolera, ni acepta su Gobierno.

En una sociedad que no está dispuesta a retroceder a tiempos pretéritos. Tiempos en los que una única moral era impuesta a todos los españoles.

Tiempos que afortunadamente quedaron atrás y no volverán por expreso deseo de la mayoría. Una mayoría que no está dispuesta a retrasar las manecillas del reloj de la historia.

Hoy en España nadie puede tratar de imponer a nadie una determinada moral o creencia religiosa. En los acuerdos que hoy rigen las relaciones entre Iglesia y Estado del año 1979, que sustituyeron al concordato de 1953, no hay mención alguna a la moral católica ni obligación por parte del Estado de legislar de acuerdo con las ideas católicas. Porque hoy afortunadamente vivimos en una democracia, donde la separación de poderes está plenamente consolidada.

Señorías, indudablemente la controversia es consustancial a la democracia. La expresión de opiniones, -manifestada libre y pacíficamente- debe ser respetada siempre.

Una parte de la jerarquía eclesiástica española, ejerció hace unas semanas su derecho a la critica y el Gobierno lo respeta. Lo que ya no resulta tan tolerable es que para ejercer ese derecho se vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento y, se haga, además, faltando a la verdad.

Una verdad que a todas luces resulta evidente como es que en estos cuatro años España ha profundizado más sus raíces democráticas y se ha convertido en una de las sociedades más avanzadas del mundo en lo que a extensión de derechos se refiere.

Respeto a la expresión de opiniones, siempre. Ahora bien, cuando esas opiniones pretenden condicionar o justificar una norma o normas que rijan para todos por igual, primero deben contar con el respaldo de la mayoría y segundo, aunque no menos importante, deben fundamentarse en la razón, una razón que haga abstracción de convicciones morales o religiosas.

Una razón que apele al juicio de todos, no a su fe. Una razón que sea consistente con la igual dignidad de todas las personas, profesen una religión u otra, sean creyentes o no. Esa, como dice Stuart Mill, es la verdadera moralidad de la discusión pública en democracia.

Señorías, el papel y las funciones de las instituciones del Estado y las instituciones religiosas, viene claramente delimitado por nuestra Constitución. No debe haber por tanto, confusión. Cada una de las esferas es autónoma de la otra como exige el principio de aconfesionalidad y el respeto de la libertad religiosa, sin interferencias ni condiciones.

El Gobierno ha trabajado para que sea así, con diálogo leal y mano tendida, con principios firmes y claridad en las posiciones.

Todas las medidas que hemos impulsado para dar transparencia y estabilidad a las relaciones entre Estado e Iglesia y las distintas confesiones religiosas han ido dirigidas al beneficio de todos los ciudadanos porque todos ganamos cuando la libertad se respeta y la democracia, su autonomía, se fortalece.

Señoría, para terminar y a modo de balance general les diré que el Gobierno está satisfecho de la tarea desempeñada y del ejercicio pleno de nuestra responsabilidad como gobernantes que hemos cumplido con todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.

Muchas gracias.