El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se reunió ayer con representantes de la ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) y de las clínicas El Bosque, Dator e Isadora en la sede del Ministerio, donde aseguró que el derecho a la intimidad de las personas citadas a declarar está garantizado por ley y que el fiscal vela por su cumplimiento en la investigación judicial que se está llevando a cabo.
Durante la reunión, el ministro aseguró que, en el ejercicio de sus competencias, hará todo lo posible por garantizar el respeto a la legalidad vigente, pero que en modo alguno puede interferir en una actuación judicial.
Asimismo, recordó que la iniciativa de perseguir estas conductas no ha provenido del Ministerio Fiscal sino de un juez, tras una denuncia del entramado de asociaciones contra el aborto por el tratamiento dado a los restos biológicos.
Según la nota de prensa difundida por el Ministerio de Justicia, para su titular es importante defender la observancia de los derechos fundamentales durante la investigación, en especial la confidencialidad de los historiales médicos, la intimidad de las mujeres y su derecho a no declarar contra sí mismas.
Los representantes de la asociación presentaron al ministro una propuesta para la modificación de Ley del aborto en la próxima legislatura. En este sentido el ministro se mostró respetuoso por la decisión que en su día adopte el Partido Socialista respecto de la inclusión o no de este asunto en el programa electoral.
ACAI se muestra favorable a la modificación de la regulación del aborto. En su opinión, no deben restringirse los supuestos en los que la legislación actual permite el aborto en el segundo trimestre (malformación, peligro para la salud física y psíquica de la madre), ya que ello podría dejar sin cobertura a un pequeño, pero complicado, porcentaje de casos referentes a diagnósticos tardíos, conflictos graves de orden económico-social (el llamado cuarto supuesto), usuarias de drogas, inmigrantes o menores muy jóvenes que por desconocimiento o descuido acuden a las clínicas muy tardíamente. Con relación al aborto eugenésico (malformaciones incompatibles con la vida o contrarias a la dignidad humana) consideran necesario que en algunos casos se amplíe el plazo más allá de las 22 semanas.
Asimismo, su propuesta es que la nueva ley contemple la posibilidad de reducir los dictámenes médicos en el caso de malformación a un único informe, siempre que éste sea suficientemente claro. Otra de las lacras que, en su opinión, arrastra la ley son las desigualdades autonómicas en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. La nueva legislación, según la presidenta de ACAI, debería garantizar que sea una prestación sanitaria gratuita para todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia.
