El Parlamento Europeo adopta esta semana la apertura total a la competencia de los servicios postales en la Unión Europea. Las nuevas normas establecen enero de 2011 como fecha para la plena liberalización, que se retrasará hasta 2013 en los nuevos Estados miembros, Grecia y Luxemburgo. La nueva directiva, que sustituirá a la actual de 1997, abrirá el mercado de los envíos inferiores a 50gr, hasta ahora protegidos, garantizando la prestación del servicio universal.

La plena liberalización de los servicios postales supone la eliminación de los monopolios nacionales para el correo cuyo peso máximo es de 50 gramos. Es lo que se conoce como "área reservada". La actual directiva de servicios postales de 1997, en vigor desde diciembre de 2000, limitaba la libre competencia en el mercado postal a los envíos superiores a 350 gramos. Este límite se amplió hasta los 100 gramos en 2002 y hasta los 50 el 1 de enero de 2006. La nueva directiva, que sustituirá a la de 1997, completa la liberalización del sector al ampliar la libre competencia a los envíos inferiores a 50 gramos.

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo en el que se recogen las enmiendas de la Cámara en primera lectura. Estas normas definen el servicio universal como el "acceso fácil a la red postal, ofreciendo en particular un número suficiente de puntos de acceso y condiciones satisfactorias de frecuencia de recogida y de distribución".

Los Estados miembros asegurarán que el servicio universal quede garantizado al menos cinco días laborales por semana. El servicio universal deberá incluir la recogida y la "entrega en el domicilio de cada persona física o jurídica".

De acuerdo con la directiva, los monopolios en los servicios postales de la UE deberían desaparecer, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, para los nuevos Estados miembros -salvo Bulgaria y Eslovenia-, Grecia y Luxemburgo, la fecha límite se fija dos años más tarde, en enero de 2013.

Financiación del servicio universal

La nueva legislación, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la UE, reconoce que no todos los Estados miembros tienen los medios para garantizar la financiación del servicio universal en un mercado postal plenamente liberalizado.

Por este motivo, se aclaran los posibles sistemas que podrán utilizar los países para garantizar la financiación del servicio universal. Los Estados podrán sacar a licitación los servicios universales con arreglo a las normas de contratación pública que sean de aplicación. Además, si un Estado miembro considera que las obligaciones de servicio universal que establece la directiva comportan un coste neto y representan una carga financiera desleal para los proveedores del servicio universal, podrá, o bien introducir un mecanismo destinado a compensar a la empresa o empresas afectadas con fondos públicos, o bien repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y/o los usuarios.

En caso de que un Estado proceda a la repartición del coste neto entre proveedores o usuarios, podrá constituir un fondo de compensación que podrá ser financiado mediante un canon aplicado a los proveedores del servicio o a los usuarios. Este fondo será gestionado por un órgano independiente de los beneficiarios. Asimismo, los Estados miembros podrán supeditar la concesión de autorización a los proveedores del servicio a la obligación de hacer una aportación financiera a dicho fondo. Los Estados miembros velarán por la observancia de los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad al establecer el fondo de compensación y fijar el nivel de las aportaciones financieras.

Además, también se crearán planes nacionales que garanticen la prestación y la financiación sostenibles del servicio universal. Los Estados miembros deberán notificar sus planes nacionales a la CE si consideran que las obligaciones del servicio universal conllevan un coste neto y traen consigo cargas financieras injustas para los proveedores del servicio universal. La fecha límite para la presentación de estos planes es el 1 de enero de 2010. Los planes nacionales deben introducir un mecanismo destinado a compensar a las empresas afectadas con fondos públicos. También deben repartir el coste neto de las obligaciones del servicio universal entre los proveedores de servicios y/o los usuarios.

La directiva no afectará a las condiciones de empleo, incluida la salud y seguridad en el trabajo, o las relaciones entre empleadores y trabajadores, que los países aplican de acuerdo con las normas comunitarias.

Autorizaciones

Los Estados recurrirán a los procedimientos de autorización, incluidas las licencias individuales, para garantizar la prestación del servicio universal.

Para prevenir cualquier anomalía en la competencia hasta que los mercados se liberalicen por completo, los proveedores del servicio postal de los países con un área reservada no recibirán autorización para operar en Estados donde el mercado ya está completamente abierto, como Suecia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido.

La concesión de autorizaciones debe:

• supeditarse, en su caso, a obligaciones del servicio universal,
• conllevar la imposición de requisitos relacionados con la calidad, la disponibilidad y las funciones de los servicios, incluso si se solapan con las obligaciones del servicio universal,
• supeditarse, en su caso, a una obligación de contribución financiera a los mecanismos de reparto, si la prestación del servicio universal conlleva un coste neto al proveedor del servicio universal,
• puede, para proveedores distintos de los designados para el servicio universal, supeditarse a una obligación de contribución financiera al mecanismo de reparto,
• el número de autorizaciones será ilimitado, salvo en el caso de las empresas que hayan sido designadas como proveedoras de servicio universal.

Situación actual en España y estadísticas

En España, los servicios postales emplean a unas 60.000 personas. Los servicios interurbanos (dentro de una provincia) ya están liberalizados y, puesto que son los que poseen un mayor volumen de negocio, las nuevas normas no traerían cambios significativos a este mercado. Sin embargo, los servicios interprovinciales y los internacionales de salida (enviar una carta al extranjero) aún no han afrontado el proceso de liberalización.

Según cifras de la Comisión Europea, los servicios postales gestionan unos 135.000 millones de artículos al año, lo que supone unos ingresos brutos de 88.000 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, el 1% del PIB de la UE. Unos 5,2 millones de personas trabajan en el sector postal en la UE. Además, el 85% del correo que se gestiona en la UE es de negocios.