La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó en su sesión de ayer por unanimidad incoar expediente disciplinario al Magistrado Francisco Javier de Urquía Peña, por la posible comisión de dos falta muy graves: una, por desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y otra, prevista en el artículo 417.6 en relación con el artículo 389.7, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por incumplimiento de la prohibición de asesoramiento jurídico.

El juez Francisco Javier de Urquía fue suspendido cautelarmente de sus funciones el pasado 5 de julio al ser investigado por el "caso Malaya" por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Posteriormente se abrió un segundo proceso penal contra De Urquía, en este caso en relación al "caso Hidalgo" contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió diligencias contra Urquía después de estudiar el informe remitido por el juez Miguel Ángel Torres, instructor de la Operación Malaya, en el que se narran los indicios delictivos hallados de forma casual contra su colega marbellí en el transcurso de esta investigación. Torres se declararó incompetente para completar las indagaciones, por la condición de aforado del juez bajo sospecha, por lo que se las remitó al tribunal habilitado por ley para estas pesquisas.

Este nuevo proceso llevó al CGPJ a acordar el pasado mes de enero una nueva suspensión cautelar de funciones de De Urquía.

De acuerdo con el régimen previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las faltas muy graves sólo pueden sancionarse con suspensión, traslado forzoso o separación del servicio.