El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y el presidente del Colegio General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, analizaron el pasado lunes, en presencia de los decanos de los Colegios de Abogados afectados por la huelga de funcionarios de Justicia, los efectos de este paro que alcanza ya su séptima semana de duración.
Julio Pérez, en representación del Ministerio de Justicia, agradeció al CGAE la preocupación e interés por los efectos negativos que en diversos ámbitos está ocasionando la huelga y su apoyo para poner en marcha las medidas oportunas que permitan corregir las disfunciones producidas por la misma. Los decanos trasladaron al Secretario de Estado su percepción de los acontecimientos, en especial su preocupación por el incumplimiento de los servicios mínimos, así como por las posibilidades reales de recuperación del atraso generado desde el inicio de la huelga, el pasado 4 de febrero.
El Secretario de Estado de Justicia manifestó que, en la actualidad, el Ministerio de Justicia sigue esperando una respuesta de los representantes sindicales a la última propuesta presentada y que mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. “Lo que nos preocupa ahora,- indicó- no es sólo acabar con la huelga, sino terminarla bien, satisfactoriamente para ambas partes, con un acuerdo que contemple mayores retribuciones para los funcionarios, por supuesto, pero también un mejor servicio público para los ciudadanos. Ahora estamos pensando ya en el día después del fin de la huelga, momento en el que todos deberemos afrontar conjuntamente las consecuencias de la misma”.
El Ministerio de Justicia afirma estar trabajando con ahínco para adoptar las medidas necesarias que permitan hacer frente a los retrasos en la tramitación de asuntos como consecuencia de la huelga, paliar sus efectos y tratar de alcanzar la recuperación de la normalidad tan pronto como sea posible. Para conseguir estos fines, se ha realizado un seguimiento diario de la incidencia de la huelga en cada uno de los órganos judiciales afectados. Con esta información, el Ministerio ha elaborado unos planes de recuperación y refuerzo aplicables a los retrasos registrados en cada ámbito. “El MJU tiene presupuesto en la ley, la voluntad, la experiencia y los recursos necesarios para ponerlos en marcha inmediatamente después del fin de esta huelga” indicó el Secretario de Estado.
También ha señalado que, en la actualidad, el principal escollo para la resolución de la negociación, es la solicitud por parte de los representantes sindicales de que a los funcionarios se les remuneren los días no trabajados por la huelga. Julio Pérez ha asegurado que el Ministerio de Justicia no puede asumir esta demanda, “no se contempla en la ley y, por tanto, no se pueden anular estos descuentos; a lo que sí estamos dispuestos es a realizar una aplicación fraccionada para que sea lo menos gravoso posible”.
En cuanto al incumplimiento de los servicios mínimos de los que ha sido informado esta mañana por parte de los decanos de los distintos colegios de abogados afectados, Julio Pérez ha indicado que le parece “inaceptable y, de confirmase este extremo, el Ministerio de Justicia afrontaría las medidas de corrección oportunas para que se cumpla lo estipulado en la ley, ya que, en este punto, ni debe ni quiere mantener una actitud pasiva”.
El Secretario de Estado ha calificado la situación como “un panorama general de preocupación” y ha hecho un llamamiento a los funcionarios para que reconsideren una posición que ha considerado como “inflexible”.
Según el Ministerio, las organizaciones sindicales mantienen intactas sus reivindicaciones del primer día, insensibles por tanto a las diversas propuestas de mejora salarial y de las condiciones de trabajo ofrecidas a los funcionarios.
Las propuestas de mejora planteadas por Justicia se han vinculado a la asunción por parte de los trabajadores de compromisos para mejorar el servicio público. Entre los compromisos se encuentra el de admitir la extensión del uso de la informática y de Internet en las oficinas judiciales; participar en la reordenación o reestructuración de las mismas; aceptar la implantación del control horario y de fomento de la puntualidad; contribuir a la implantación efectiva de los objetivos previstos en el Plan de Transparencia Judicial y en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia.
Por último, el Secretario de Estado concluyó con un llamamiento a los sindicatos para que acerquen su postura a la última propuesta del Ministerio de Justicia, que afirma ha ido mejorando su oferta, dentro de los límites presupuestarios marcados, y está poniendo su mayor esfuerzo para que este asunto se resuelva cuanto antes y con un acuerdo satisfactorio para todos, que es lo que esperan los ciudadanos.
