El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado el archivo de la información previa abierta a 131 jueces firmantes de un manifiesto en el que se criticaban, sin citar al partido, determinadas propuestas electorales del Partido Popular. La decisión final sobre este asunto se discutirá el próximo miércoles en la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

En síntesis, el informe de la Inspección concluye en que la actitud de los magistrados y jueces firmantes del escrito no tiene encaje en ninguna de las infracciones de carácter disciplinario previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), si bien todos ellos vulneraron con su firma las restricciones a la libertad de expresión que esta misma ley impone a los miembros de la Carrera Judicial en su artículo 395.2.

Una vez conocida la opinión de la Inspección, lo más probable es que el próximo miércoles ser archive la investigación abierta a los magistrados -entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez-, si bien fuentes del CGPJ no descartan que la resolución final incluya algún tipo de amonestación a los magistrados firmantes.

Proyección política del texto

En su informe, el inspector considera que los jueces firmantes del manifiesto "han infringido la prohibición contenida en el artículo 395.2 de la LOPJ, pues han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico pero que, también tiene proyección política, dado el momento en que se ha hecho público, y externamente proyectan a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente".

Libertad de expresión de jueces

La libertad de expresión de los jueces, subrayan, se encuentra limitada "en aras a la consecución del interés general que supone el obtener la confianza de los ciudadanos y la creencia de los mismos en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

Esta limitación está respaldada, según este informe, en lo señalado al respecto por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos y Libertades Fundamentales y por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una sentencia de enero de 2006 que reitera doctrina anterior indica que habrá de aceptarse por quienes tienen un deber especial de lealtad constitucional, como es el caso de los jueces "la obligación de abstenerse de realizar conductas que puedan hacer quebrar esa confianza social".

La información previa fue abierta el pasado 6 de marzo por orden del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que la curso al Servicio de Inspección del CGPJ telefónicamente y desde fuera de España, ya que en ese momento asistía a  la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebraba en Brasil.

Según una nota difundida en dicha ocasión por el Consejo, Hernando justificó la investigación en "su preocupación por el hecho de que los jueces participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales, pues ello, con independencia del reproche que pueda llegar a merecer en términos disciplinarios, compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables".

Un total de seis asociaciones pertenecientes al ámbito del Derecho, así como 300 firmas particulares, entre magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de la Universidad y abogados respaldaron el manifiesto.