El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitó ayer a los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas del ámbito del Ministerio su colaboración en los planes concretos de actuación que hayan de implantarse para resolver el retraso en los órganos jurisdiccionales afectados por la huelga de funcionarios.

En una reunión, a la que asistieron también el secretario de Estado, Julio Pérez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena, se evaluaron detenidamente los efectos provocados por el conflicto y se estudiaron con precisión los mecanismos a poner en marcha para paliar la situación desencadenada por la huelga indefinida que se mantiene desde el pasado 4 de febrero.

Fernández Bermejo lamentó el grave perjuicio que el paro está causando en la Administración de Justicia y, por consiguiente, en el derecho de los ciudadanos a una Justicia eficaz y sin dilaciones. También resaltó que en algunos casos se ha producido un incumplimiento de los servicios mínimos designados por el Ministerio en la Resolución de la Dirección General de 30 de enero de 2008 para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

En este sentido, se ha considerado la posibilidad de establecer con la máxima concreción los servicios esenciales en determinadas materias, en particular las referidas a los Registros Civiles, especialmente sensibles para salvaguardar los derechos de los usuarios de la Justicia.

Prestaciones de la Seguridad Social

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) admitirá provisionalmente, mientras se mantenga la huelga de funcionarios de Justicia, los certificados médicos de nacimiento y defunción, así como otros documentos alternativos para acreditar las distintas situaciones que dan lugar a prestaciones de maternidad, paternidad, ayuda por nacimiento o adopción de hijo y las derivadas de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y auxilio por defunción).

La Seguridad Social garantiza de esta forma el derecho de los ciudadanos a las prestaciones que precisan de certificados expedidos por el Registro Civil. Una circular del INSS establece la validez provisional de las solicitudes que se acompañen de estos documentos a condición de que al finalizar la huelga de funcionarios de Justicia, los ciudadanos presenten el correspondiente certificado oficial del Registro Civil.

Esta medida se extiende a las comunidades autónomas en las que la huelga de los funcionarios de Justicia está afectando al normal funcionamiento del Registro Civil: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, La Rioja y Asturias.