La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el pasado sábado, tras haber sido ratificada por una veintena de países. Un tratado que, tal y como ha declarado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, “España ha impulsado desde el primer momento y que supone un paso de gigante para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.

La Convención es el primer tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, “y lo hace en el marco del derecho internacional, con fuerza para reflejarse en las diversas legislaciones nacionales” ha señalado la Ministra.

La Convención prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los Estados deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.

En este sentido Mercedes Cabrera ha enfatizado que “el siete por ciento de los empleados que se incorporan a la Administración General del Estado son personas con discapacidad plenamente competentes para desarrollar su trabajo y por tanto para contribuir como cualquier otro al desarrollo y al bienestar de todos. Esperamos que esto, que ya sucede en la Administración, suceda pronto en la empresa privada.

El tratado pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, para lo que se debe eliminar toda barrera o restricción material y/o mental que impiden su participación efectiva en la misma.

España se encuentra en la vanguardia internacional en cuanto a legislación y derechos de las personas con discapacidad. Las prioridades de nuestro país en relación a las personas con discapacidad se centran en la integración laboral (a través de la reserva de empleo público), la atención a las personas con discapacidad (a través de la Ley de Dependencia) y la eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales que dificultan la vida diaria de las personas con discapacidad (con el Plan Nacional de Accesibilidad o la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal).

Con este tratado, las personas con discapacidad disponen de una herramienta válida que inaugura un marco protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el Derecho Internacional. Se cumple con ello también la Declaración de Madrid, aprobada en mayo del 2002, que indicaba que la discapacidad era un asunto de derechos humanos.