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07/05/2008 04:27:00 Redacción NJ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1 minuto

Casi 270 mil sentencias penales pendientes de ejecución

El informe del Servicio de Inspección del CGPJ refleja la carga judicial de los tribunales españoles. Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de  Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

De acuerdo con los datos del informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, que será discutido el próximo jueves en su Comisión Permanente, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en situación de pendencia a la conclusión del pasado año 2007, un 70,25 por ciento (189.280) se residencian en los Juzgados de lo Penal y el 29,74 por ciento restante (80.125) en los Juzgados Especializados.

"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos", indica el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4,10 por ciento en San Sebastián.

Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500.

En ese sentido, el CGPJ estima que "los anteriores datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

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