Según los últimos datos del CGPJ, a finales de 2007 existían 270.000 casos pendientes de ejecución en España, de los cuales Cataluña concentra un 21%. Estos hechos son atribuíbles a un retraso en materia tecnológica y en cuestiones de formación del personal de justicia con el fin de mejorar la profesionalidad del sector. Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española ha elevado a un millón de sentencias pendientes de ejecución en todos los ámbitos de la Justicia.
Ante esta constatación, Josep Maria Badia, Presidente de la Abogacía catalana, considera “que no es suficiente incidir únicamente en estos aspectos sino que en realidad hace falta llevar a cabo una reforma global y profunda en la Justicia como ya ha pasado con otras Administraciones, com es el caso de Hacienda y la Seguridad Social. Por este motivo ahora es mas necesario que nunca que se llegue a un Pacto entre todos los agentes implicados, administraciones y profesionales, para poner en marcha un Plan Nacional de reforma que acade de una vez por todas con estas deficiencias que a quien perjudican es a los ciudadanos afectados”.
Por otro lado, el CICAC recuerda que en su momento ya propuso una reflexión profunda sobre el sistema de promoción y retribución que existe actualmente en los juzgados de Cataluña para evitar el elevado número de plazas vacantes destinadas a jueces, lo que favorecería el ritmo de trabajo.
Otro de los inconvenientes ante la gran cantidad de sentencias penales no ejecutadas a Cataluña se encuentra en la gran diferencia cantitativa en cuanto al número de juzgados respecto a la cantidad de habitantes, ya que en Cataluña el número de juzgados (un total de 58) respecto el número de habitantes es inferior respecto al resto del Estado. Además, es necesario añadir que en Catalunya ha aumentado considerablemente la población hasta abarcar a los más de 7.000.000 de habitantes que residen en la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que ha elevado el ratio de habitantes por órgano judicial. Además, se constata claramente la existencia de un desequilibrio territorial dentro de Cataluña entre los partidos judiciales de comarcas y los de la capital catalana. De este modo, mientras que los Juzgados Penales de Barcelona son 24 de los cuales 4 están dedicados exclusivamente a ejecuciones penales, el resto del territorio va desde los 5 juzgados de Gerona, ninguno de ellos dedicado únicamente a las ejecuciones, hasta el único de Tortosa, pasando por los 2 de Terrassa.
En cuanto a las nuevas tecnologías, el CICAC afirma que los abogados ya están preparados para utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo la firma electrónica, la cual se consideran plenamente útil para agilizar los procesos jurídicos. Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, el 98% de los abogados considera que las nuevas tecnologías son importantes para el ejercicio de su profesión.
